Veinte departamentos del país, están sufriendo directamente los efectos de desabastecimiento de bienes y servicios y de manera indirecta el resto de regiones también presentan los rigores del paro camionero, que cada vez se fortalece por el aumento irracional del precio del galón del diésel en $1.904, lo cual está provocando una escalada de protestas en todos los sectores donde se encuentran ubicados los camiones que impiden la libre circulación vehicular, con sus afectaciones a la dinámica productiva de Colombia. El actual gobierno, está sintiendo los efectos negativos de una masiva protesta social, como la que se presentó durante el estallido social impulsado por los sectores políticos afectos al gobierno de Gustavo Petro Urrego, durante su campaña presidencial, que lo llevaron a obtener el triunfo electoral. Le están pasando factura. La diferencia es que los desadaptados sociales de la primera línea contribuyeron a destruir la infraestructura productiva a su paso, quemando y destruyendo el sistema de transporte, asesinado a personal de la fuerza pública y civiles, saqueando y quemando establecimientos comerciales y financieros, dejando más de un millar de lesionados, entre otros actos criminales que generaron zozobra y terror.
Actualmente este paro, ha sido sin violencia, pero que, con su actitud radical de no dejar circular vehículos, ni transporte público, están generando un mayúsculo problema para la sociedad colombiana, porque tienen paralizadas más del 70% de las actividades económicas del país. Los transportadores esperan que se derogue el alza del Ministerio de Hacienda, que sería el primero de tres ajustes. El día anterior, el Gobierno, que incluye a los jefes de las carteras de Transporte, Hacienda, Energía, Interior, y a la defensora del Pueblo, se reunieron nuevamente con los camioneros para intentar llegar a un nuevo acuerdo, lo cual no ha generado resultados positivos para levantar la protesta, dado los niveles de polarización por las propuestas que se plantean en las mesas de trabajo. Las partes han sido intransigentes.
Las peticiones de los transportadores, a simple vista son inviables, dadas las condiciones macroeconómicas coyunturales que impiden que se llegue a una concertación en el alza de los combustibles, por el abultado déficit que presentan las finanzas nacionales, producto del errado manejo de la política económica del gobierno nacional que ha sido incoherente, en la aplicación de sus instrumentos de la macroeconomía. Desafortunadamente los afectados de este paro camionero es la sociedad colombiana por el fenómeno inflacionario que ya se empieza a sentir por el alza desbordada de los precios de los alimentos, los demás bienes y servicios inherentes a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas y el desarrollo empresarial del país. Por otro lado, las finanzas públicas nacionales y de los entes territoriales, se van a sentir por la disminución de los recaudos, en medio de la profunda crisis financiera que está presentando el Estado.
