Por: Felipe Rodríguez Espinel
La reciente propuesta del presidente Petro de implementar un mecanismo de fast track para aprobar reformas fiscales y modificar compromisos financieros del Estado ha encendido las alarmas en diversos sectores. Esta iniciativa, lejos de ser una solución, podría representar una seria amenaza para la estabilidad fiscal y la confianza inversionista en el país.
En primer lugar, es fundamental comprender que las vigencias futuras y los compromisos adquiridos por el Estado no son meras formalidades burocráticas, sino garantías esenciales para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la atracción de inversión extranjera. Modificar estos compromisos de manera unilateral y apresurada enviaría un mensaje devastador a los mercados internacionales sobre la fiabilidad de Colombia como socio económico.
Además, la propuesta de Petro ignora los principios básicos de la separación de poderes y el debido proceso legislativo. Los cambios constitucionales y fiscales de tal magnitud requieren un debate amplio y profundo en el Congreso, no un atajo que podría socavar la legitimidad de las reformas y generar inestabilidad jurídica a largo plazo.
Es preocupante que esta iniciativa surja en un momento en que Colombia enfrenta desafíos económicos significativos. Pues la economía colombiana creció solo un 0.6% en el primer trimestre de 2024, muy por debajo de las expectativas. En este contexto, generar incertidumbre adicional podría exacerbar la desaceleración económica y ahuyentar la inversión tan necesaria para la recuperación.
Por otra parte, la idea de crear cuentas paralelas para los gastos relacionados con la paz, como sugiere la propuesta, es particularmente alarmante. Esto no solo complicaría la transparencia fiscal, sino que también podría llevar a una subestimación del déficit real, comprometiendo la credibilidad de las finanzas públicas colombianas ante organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo.
Es comprensible la urgencia del gobierno por implementar sus programas sociales y cumplir con los acuerdos de paz. Sin embargo, esto no puede hacerse a expensas de la estabilidad macroeconómica del país. La historia económica latinoamericana está llena de ejemplos de cómo las políticas fiscales imprudentes pueden llevar a crisis de deuda y estancamiento económico a largo plazo.
En lugar de buscar atajos peligrosos, el gobierno debería enfocarse en realmente construir consensos amplios para sus reformas, mejorar la eficiencia del gasto público y crear un entorno propicio para la inversión privada. Esto requiere diálogo, paciencia y compromiso con la institucionalidad democrática.
Adicionalmente, es crucial que el gobierno priorice la reactivación económica y la generación de empleo. Las expectativas de crecimiento para 2024 se han reducido al 1.6%. En este escenario, medidas que generen incertidumbre adicional podrían ser contraproducentes.
Mientras que la implementación de los acuerdos de paz y el desarrollo territorial son objetivos loables, el fin no justifica cualquier medio. El fast track fiscal propuesto por Petro es un camino peligroso que podría comprometer la estabilidad económica de Colombia a largo plazo. Es momento que el gobierno reconsidere su enfoque y busque soluciones que fortalezcan, en lugar de debilitar, la confianza en las instituciones y la economía colombiana.
