POR: Jaime Alberto Arrubla Paucar
Por supuesto, que los seres humanos debemos perdonar; es una actitud valiosa frente a quien nos ha hecho daño, que libera y enaltece. Desde ese punto de vista filosófico, ético y social, el perdón es bienvenido. Cosa distinta es el perdón jurídico por los delitos que se cometieron y han sido objeto de sentencias condenatorias. Nuestro sistema legal permite la amnistía y el indulto por delitos políticos, no por los de lesa humanidad, corrupción, o narcotráfico, con un procedimiento complejo donde participa el Congreso de la República.
Por ello, cuando se negoció el componente juridico de los Acuerdos de La Habana, fue necesario incorporarlos a la Constitución Política, pues compendia, además, de los perdones y rebajas por los delitos políticos de rebelión y afines, los conexos de narcotráfico, secuestro, extorsión, y otros de lesa humanidad, como, reclutamiento de menores, ataque a población civil, abusos sexuales, etc., que no podían ser amnistiados ni indultados.
La JEP fue una exigencia del negociador Enrique Santiago por cuenta de las FARC, el mismo que hoy apoya a Rusia con sus desmanes en Ucrania; una Jurisdicción Especial para la Paz, creada ex pos facto, pues no aceptaban la jurisdicción ordinaria, bajo la excusa que no les daba garantías. Ello también implicó “torcerle el pescuezo” al sistema. Ya hay que seguir con ella, seria más perturbador que ella misma, dar marcha atrás, pero de allí, a repetir el modelo para los narcotraficantes o corruptos, no deja de ser una audaz propuesta, que por supuesto, no cabe en el actual sistema; sería necesario reformarlo, como se hizo para los crímenes de la guerrilla.
No sabemos si en el país existe la voluntad política para ello, o si los compromisos internacionales para combatir y sancionar el narcotráfico lo permiten. Tampoco quienes serían los sujetos de la negociación, para “la no repetición a cambio de beneficios jurídicos”; el narcotráfico tiene ramificaciones por todo el mundo, es un cartel universal. Una democracia elige sus gobernantes por sus propuestas y qué tan viables sea llevarlas a la práctica. Los candidatos por ello no deben andar con tapujos sobre sus intenciones a la hora de gobernar y deben poner las cartas sobre la mesa para que la gente se entere lo que piensan hacer y evalué si está de acuerdo con ello.
Una política pública de perdón y olvido, o de rebajas de pena para condenados por delitos de narcotráfico o corrupción, implica una gran reforma al sistema; pero también una gran concertación de la opinión pública en pro de dicha ruptura al orden legal y juridico que se viene aplicando. Quien piense hacerlo, que lo proponga a ver si lo refrendan los electores en las urnas. Los candidatos a los puestos públicos, a veces, por ganarse unos cuantos votos, pactan hasta con el diablo; son los vicios de las democracias.
