Carlos Yepes A.
En el Huila, la presentación de candidatos a cargos de elección popular que no cumplen con los requisitos legales para ser elegidos parece haberse convertido en una alarmante tendencia. Las recientes decisiones judiciales que han resultado en la pérdida de credenciales de varios de estos, luego de ser elegidos, evidencian no solo una falta de rigor jurídico, sino también una preocupante ausencia de respeto hacia los electores y el sistema democrático.
El caso de quien perdió su credencial como representante a la Cámara debido a la inhabilidad derivada de ser hijo de una alcaldesa en ejercicio, es un recordatorio contundente de cómo el desconocimiento de la ley se convierte en un costo político y social elevado. Este episodio no es un hecho aislado. Quien lo sucedió en la curul, también fue despojado de ésta por doble militancia, una conducta que, lejos de ser un error menor, refleja un consciente desafió a las normas democráticas.
A estos casos recientes se suma la ratificación de la pérdida de la curul de un concejal de Neiva, con la posibilidad de que otros dos o tres nombres se sumen pronto a la lista de «destituidos por la ley». Es alarmante que estas situaciones se repitan con tanta frecuencia y que los candidatos parezcan más interesados en sus ambiciones personales que en respetar las reglas del juego.
Más allá de las inhabilidades jurídicas, lo más preocupante es la falta de seriedad de muchos aspirantes. Estos candidatos saben perfectamente que su elección estará en entredicho desde el primer día, pero aun así insisten en participar, aprovechándose de un electorado que, en muchos casos, desconoce las limitaciones legales de sus representantes. Este engaño no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también genera un desgaste institucional y financiero para el Estado, obligado a resolver los litigios que surgen tras estas elecciones cuestionadas.
Es urgente que los organismos responsables de validar las inscripciones de los candidatos actúen con mayor diligencia. El Consejo Nacional Electoral y las registradurías municipales deben fortalecer los filtros jurídicos y exigir pruebas claras de que los aspirantes cumplen con todos los requisitos. Pero también es responsabilidad de los partidos políticos, que no pueden seguir respaldando candidatos con antecedentes cuestionables o impedimentos manifiestos. ¿Dónde está el compromiso con el fortalecimiento de la democracia?
De otra parte, nosotros como ciudadanos también ejercemos un papel crucial. Votar es un derecho y un deber que no debe tomarse a la ligera. Como electorado debemos exigir más de los candidatos, informarnos sobre sus antecedentes y cuestionar si cumplen con las condiciones para representarnos. No podemos seguir permitiendo que utilicen el sistema electoral como un trampolín para satisfacer sus intereses personales, mientras burlan las normas y traicionan la confianza de los votantes.
El Huila merece líderes comprometidos, responsables y respetuosos de la ley. Es hora de que los ciudadanos, las instituciones y los partidos políticos trabajen juntos para evitar que la democracia sea secuestrada por quienes no están dispuestos a jugar limpio.
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