Por: AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Nunca hemos dejado de advertir las críticas que se trasladan a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, con ocasión de todas y cada una de las actuaciones en las que los damnificados, desplazados y violentados de la multinacional ha desplegado en tránsito hasta lograr su propósito de construir la REPRESA EL QUIMBO, en el centro del Departamento del Huila.
Las consecuencias de esa permisibilidad de los operadores judiciales, ha repercutido y se ha traducido, en una forma de protección del desplazamiento de cerca de dos mil moradores de la región, del pago misérrimo de los predios, de sus cultivos y del desconocimiento de una verdadera tasación de las indemnizaciones a que tenían derecho los despojados del Estado, en la construcción de la represa del Quimbo.
Se ha visto últimamente que, algunos funcionarios judiciales, con sentencias y providencias que constituyen títulos ejecutivos de pago de una suma de dinero y que ordenan el pago de indemnizaciones, procedan injustamente y contrariando el ordenamiento jurídico, a no proferir mandamientos de pago y, por el contrario, procedan a ampliar los plazos para el pago de míseras sumas de dinero apegados a una conmiseración por los trámites internos de dicha multinacional en el desembolso de sus recursos. Qué tal que esto se hiciera cuando les llega demandas por el incumplimiento de pago de las obligaciones bancarias a los ciudadanos y se dispusiera que antes de proferir el mandamiento de pago, hagan las gestiones para ponerse al día en sus obligaciones.
Esa inercia, o inoperancia y la suma de falencias graves y de repercusiones humanas y económicas en todo el Departamento del Huila, con ocasión de la construcción de la Represa El Quimbo es parte de la forma como la pobreza y la miseria se ha ensañado con el pueblo huilense y a su vez, con otras regiones del país que sufren las consecuencias de la inoperancia del Estado en todas sus instituciones constitucionalmente creadas para la protección y defensa de los ciudadanos.
Además de todo lo anterior, se tiene que la multinacional pretende desconocer y que se modifique la resolución inicial que dio vía libre a la construcción de la represa, todo con la complacencia de alcaldes y funcionarios del orden público local, departamental y nacional, para seguir desconociendo las obligaciones derivadas por dicha obra y lo que llevo en la presente semana a un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, sobre este tema que la representante Leyla Rincón, bautizara como una nueva estrategia social y humana conocida como “Desplazados por el Estado”, como en un mensaje personal me lo hizo saber, cuando conoció la única obra que se ha escrito como testimonio de lo que se conoce como huellas de sangre y de dolor de la población huilense, bajo el título de “Huellas de Garra”.
Uno de los delegados, el escritor Leonte Muñoz, quien como veedor del proyecto asistió al debate sostiene por las redes sociales:
“En este proceso, ha Sido muy importante las actuaciones del señor Gobernador del Huila ante el alto gobierno, y últimamente, el trabajo arduo y sin descanso, de la Veeduría Ciudadana, que hemos solicitado con contundencia la no modificación de la Licencia Ambiental y el Documento de Cooperación. Igualmente, solicitamos a la ANLA, inspección ocular con funcionarios de alto nivel en El Quimbo, y Betania posteriormente la CAM, hizo otra inspección sobre el tapete de material flotante y contaminante, que impide que los pescadores artesanales desarrollen su actividad.
Actualmente estamos en la espera que la ANLA, se pronuncie ante la Veeduría y la Gobernación del Huila, sobre los resultados de la inspección.
“Igualmente, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo el control político a las ministras de Ambiente y Minas, ANT, ANLA, entre otros, en dónde recibimos la grata noticia de parte de la Dra. Susana, que no hay modificación de la Licencia y que exigirá a Enel Colombia, cumplir con los acuerdos en el Documento de Cooperación y otros.”
Nos queda la esperanza de que todo esto se cumpla, que la multinacional sienta en algún momento que debe responder por los daños y perjuicios graves en materia social y humana que se han generado en el Centro del Departamento del Huila, y sería fundamental y proponemos desde esta columna, que nuestro actual gobierno nacional diseñara una estrategia de REVISION INTEGRAL de las actuaciones judiciales y administrativas para que en una mínima parte, lograr reversar los errores judiciales de quienes en su momento, consideraron que la construcción de la represa era una obra prioritaria del Estado y que por tanto, los ciudadanos podían ser víctimas de un desalojo y de un abuso, como el que se prohijó en todas las instancias judiciales y administrativas con ocasión de esta obra.
