De manera reciente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, envió una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que mostraba su preocupación, por la presunta responsabilidad de actores armados en el reclutamiento forzado de niños, para que hagan parte de sus ‘filas’.
Por ejemplo en el Resguardo Indígena Nasa-Huila de Río Negro, Íquira, el Frente Ismael Ruiz, habría reclutado por lo menos seis infantes de esa comunidad.
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Las denuncias instauradas
En este sentido, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, indicó. “Se han registrado seis denuncias en el año 2023 y frente a este caso, dos fiscales de la unidad especializada, se encuentran investigando los hechos, con el propósito de establecer, si el delito de reclutamiento, existió, y en caso tal que se demuestre desde el punto de vista probatorio, conocer quiénes serían los autores o participes”.
Hasta el momento, los investigadores se concentran en el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, se cree que hay un subregistro de casos, ya que la comunidad no estarían denunciado los hechos victimizantes, por miedo a amenazas contra su integridad.
Asediado por reclutadores
En este sentido, Diario del Huila, dialoga con el tío de un menor que fue abordado por hombres armados, al parecer disidentes de las Farc, amplia la información suministrada, que salió a la luz pública, el pasado mes de noviembre por este medio. “Mi sobrino que tiene 13 años de edad, lo asedian dos sujetos, el 14 de octubre del presente año, quienes le dicen que si le gustaba el dinero, ellos se lo podían dar, y que allá nadie lo iba a mandar. Incluso le mostraron un celular que tenía videos, donde se vería a niños armados y le manifestaron, que si deseaba ganar más plata, podía invitar a otros compañeritos y al día siguiente los recogían”.
El allegado es enfático en afirmar, que (insurgentes) tratan de ‘lavar el pensamiento’ a los niños, para hacerles despertar el interés en el dinero y así reclutarlos.
“El sujeto le dijo que es mejor dejar la Institución Educativa y que se fuera con ellos, quienes lo van a estar esperando y que va a ganar suficiente plata, agregó el allegado.
Por lo anterior, las comunidades están solicitando el acompañamiento en los territorios del Ejército, con el fin de sentirse más seguros, por eso la gente no estaría denunciando, por el miedo a que los ‘callen’ (homicidios). “Estos grupos le han dicho a los padres de los menores, que si ellos denuncian el caso ante la Fiscalía, se los devuelven en una ‘bolsa”, narró el afectado.
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La ruta de atención a víctimas
Posterior, al hecho y ante el temor por el asedio, al niño lo sacan del municipio del sur del Huila. “El ICBF, conoce de esta situación, luego denunciamos el hecho ante la Fiscalía. Tuve que solicitar acompañamiento a un organismo nacional, para que me brindaran ayuda psicosocial, porque es una situación, que así lo vean a uno fuerte, uno se derrumba, uno se derrumba, y más que es solo un menor. Sobre todo, no prestan atención (funcionarios), pareciera que se hicieran los de la ‘vista gorda’. En el sentido de decir mire yo conozco la situación, hay que activar la ruta, que más hacemos, adonde podemos acudir. Ahora dicen desconocer este hecho”.
El declarante, es enfático en afirmar, hay que hacer un llamado al Gobierno Departamental, para que hagan efectivas las rutas de atención a víctimas. “No he contado con el acompañamiento que se debe dar en estos casos, y ya denuncie ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sobre todo realizar acciones puntuales para que los niños, no sean reclutados”.
El afectado, agregó que es importante conocer, que canales de comunicación existen, para que las víctimas de amenazas de reclutamiento forzado de menores, sepan adonde acudir o los docentes que están involucrados en la formación de los niños, conozcan adonde acudir a denunciar este tipo de amenazas.
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Menores indígenas
Esta compleja situación también la padecen los territorios ancestrales y en relación a ella, Bernardino Meza, del Consejo Regional Indígena del Huila, manifestó: “los territorios indígenas vivimos una situación compleja con presencia de diferentes actores armados, que desarmonizan el territorio y la convivencia de los pueblos ancestrales”.
Son niños entre 13 a 15 años de edad, los que estarían ‘buscando’ los reclutadores de las Disidencias de las Farc. “Las familias y comunidades, se encuentran amenazadas. Y hace poco nos asesinaron a un cuidandero del territorio, por eso es crítica la situación de seguridad. En algunos espacios es evidente, encontrar a estas personas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, puntualizó que el 75% de los casos de reclutamiento en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes indígenas. “Son 166 casos los registrados por la entidad en lo que va del 2023, no obstante, el subregistro podría ser mayor, pues las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias de las estructuras armadas al margen de la ley”.
Cabe recordar que esta práctica, fue denunciada en su momento por el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, quien dijo: “hemos aprehendido a menores de edad en varias operaciones realizadas, los utilizan para hacer atentados y extorsiones. Los disidentes, están instrumentalizándolos, para ejecutar acciones terroristas, debido a que las leyes para ellos son distintas y estarían pagándole a reclutadores con el fin de que le lleven jóvenes a sus filas”.
Daños causados a los menores
Esta problemática es analizada por el psicólogo y docente, Julio Jaime Salas, quien señaló: “el reclutamiento forzado, genera impactos subjetivos, familiares, relacionales y comunitarios. En el subjetivo, especialmente es el relacionado con las identidades, porque precisamente en un país como el nuestro, donde existe el conflicto armado, el arma de fuego, se convierte en un instrumento que da ‘poder’. Principalmente, le ofrecen esto a un niño, que está en un contexto vulnerable, porque los ‘escogidos’ para ello, pertenecen a estratos socio-económicos bajos, o a grupos poblacionales como indígenas, afrodescendientes y campesinos”.
El docente indica que hay una ‘dirección’ sobre unas víctimas específicas. Frente a esta dinámica armada, se configuran unos elementos identitarios en términos de poder, y en la edad en la que se encuentran las víctimas y ante la ausencia de reconocimiento social, estatal, se convierte en un elemento que empieza a transformar su personalidad.
También, “cambia la dinámica familiar, por ejemplo si han tenido ausencias, rupturas en sus hogares o episodios de violencia, con este nuevo ‘poder’, modifican su roll dentro de su núcleo, porque asumen el papel de proveedores, de tomadores de decisiones, porque pueden poner dinero para el sostenimiento de sus allegados e incluso de generar un orden, si hay maltratos”, añadió el psicólogo.
Y en relación al orden comunitario, se alejan de sus grupos sociales, amigos, escuela, vecinos y empiezan a concentrarse, ya en sus colectivos armados, pasando a tener una relación de ‘iguales’, a la de dominación con sus ‘pares’ en los territorios.