La elección popular de jueces en México y sus implicaciones en América Latina.
En los últimos años, México ha sido escenario de profundas transformaciones en su estructura política y social. Una de las más recientes y controvertidas es el proyecto de ley que propone que los jueces sean elegidos por votación popular. Este cambio, que a simple vista puede parecer un avance en la democratización de las instituciones, tiene el potencial de convertirse en un problema de gran magnitud. La politización de la justicia no es un fenómeno nuevo, pero este tipo de reformas podría acentuar su impacto, trayendo consigo graves consecuencias tanto a nivel nacional como en otros países de la región, como Colombia, donde un proyecto similar resultaría altamente problemático.
La idea de que los jueces sean elegidos por el voto popular no es una novedad. En los Estados Unidos, varios estados permiten la elección de jueces, lo que ha creado un precedente para aquellos que apoyan esta propuesta en México. Sin embargo, el contexto mexicano, y más ampliamente el latinoamericano, es muy distinto al estadounidense. En Estados Unidos, aunque existe una fuerte influencia política en el proceso de selección, la estructura institucional y los contrapesos están diseñados para mitigar, en alguna medida, la politización del poder judicial. En América Latina, las instituciones no gozan de la misma estabilidad, y los riesgos de interferencias políticas son mucho más pronunciados.
La elección popular de jueces en México tiene el potencial de convertir el sistema judicial en un campo de batalla político. Los jueces, al depender de una base electoral para su designación o reelección, se verían forzados a tomar decisiones que agraden a la mayoría, en lugar de basarse estrictamente en los principios de la justicia, donde los jueces se convierten en actores políticos activos, influyendo y siendo influidos por agendas partidistas y electorales, y en lugar de ser garantes de la ley y la imparcialidad, podrían terminar respondiendo a los intereses de grupos de poder, debilitando la independencia del poder judicial.
Ante el temor de que la elección de jueces por voto popular conduzca a la politización de las decisiones judiciales, es probable que muchos actores económicos y sociales busquen alternativas a los tribunales estatales. Uno de los efectos inmediatos de este proyecto de ley sería el auge de la justicia arbitral. Empresas, organizaciones y particulares podrían optar por mecanismos de arbitraje para resolver sus disputas, evitando someterse a un sistema judicial cuya imparcialidad y objetividad estarían en duda. La justicia arbitral, al ser un mecanismo privado, ofrece la ventaja de resolver disputas de manera más rápida y confidencial, pero también tiene limitaciones importantes.
A diferencia de los jueces estatales, los árbitros no están sujetos a los mismos controles ni principios de transparencia que garantizan la justicia pública. Además, el acceso al arbitraje no es equitativo, ya que es un recurso que generalmente utilizan grandes empresas o personas con poder económico, dejando a la mayoría de la población sin una alternativa real para acceder a una justicia imparcial. El auge del arbitraje podría, en última instancia, generar una justicia de dos velocidades: una privada y accesible para pocos, y otra pública y politizada, accesible para las mayorías.
La influencia que los países más grandes de la región ejercen sobre el resto de América Latina es innegable. Si en México prospera la elección popular de jueces, es probable que esta idea comience a resonar en otras naciones, como Colombia. La propuesta, que a primera vista podría parecer atractiva para ciertos sectores políticos, tendría consecuencias profundamente negativas en un país como el nuestro, donde las instituciones judiciales ya enfrentan desafíos significativos en cuanto a su independencia y funcionamiento.
En Colombia, la politización de la justicia es un tema recurrente, con tensiones constantes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. La introducción de un sistema de elección popular para los jueces no solo agravaría estas tensiones, sino que pondría en peligro el delicado equilibrio de poderes que, aunque imperfecto, ha mantenido la estabilidad democrática en nuestro contexto. Además, con un sistema de jueces de carrera, el país ya enfrenta serios problemas de morosidad en la administración de justicia.
El tiempo de resolución de casos judiciales es excesivo, y el sistema sufre de grandes rezagos. Si los jueces fueran nombrados por periodos limitados, el sistema podría enfrentarse a un mayor nivel de inestabilidad, agravando la ya elevada tasa de mora judicial. La incertidumbre causada por la rotación periódica de jueces podría generar más traumatismos. Además, un sistema de elección popular de jueces podría afectar la percepción de imparcialidad en la justicia, aún más de lo que ya está.
Si los jueces dependen de la opinión pública para mantenerse en el cargo, sus decisiones podrían estar influenciadas por el interés de mantener su popularidad, en lugar de basarse en la aplicación estricta de la ley. Este escenario, en un país como Colombia, donde la corrupción y la influencia política y mediática son problemas persistentes, podría deslegitimar aún más el sistema judicial y erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Muchos de los defensores de la elección popular de jueces en México y en otros países de América Latina suelen señalar al modelo estadounidense como un ejemplo a seguir.
Sin embargo, la estructura política y judicial de Estados Unidos es única, con mecanismos de control y balances profundamente enraizados en su sistema desde su fundación. Además, el contexto histórico y cultural estadounidense es muy distinto al de América Latina, donde las instituciones no cuentan con la misma fortaleza y los partidos políticos tienden a ejercer una influencia mucho más directa sobre los órganos del Estado. La elección popular de jueces puede funcionar en un sistema donde los controles y contrapesos están bien definidos, pero en contextos como los de México y Colombia, podría convertirse en un catalizador para el debilitamiento del Estado de derecho.
En conclusión, la elección popular de jueces en México es una propuesta que plantea más preguntas que respuestas. Aunque pretende ser una medida para acercar la justicia al pueblo, en realidad puede abrir la puerta a la politización de uno de los pilares fundamentales de la democracia. Para países como Colombia, esta propuesta debe ser vista con cautela, ya que la independencia del poder judicial es esencial para garantizar un sistema de justicia imparcial y eficiente. Politizar la justicia no es el camino, y sus consecuencias podrían ser devastadoras para la democracia en América Latina. ¿Usted qué piensa de que los jueces en México sean elegidos por voto popular?
