Por: Gerardo Aldana García
Maldito este pedazo de patria que nos toca vivir en medio de ladrones que, bajo el manto de la autoridad otorgada por el sistema y las leyes, profanan el noble espíritu de la nación, esculpido desde la fe de un pueblo que confía en sus elegidos para administrar el tesoro común. Esta frase es ya catilinaria mas no por ello debe dejar de sorprendernos y mucho menos, que nos mate el deseo de construir un país mejor. El secreto a voces sobre el actuar corrupto de muchísimos servidores adscritos a las entidades del Estado, llena consuetudinariamente editoriales y redacciones de noticias en diferentes medios. Los estrados judiciales, en donde también campea vivaz el aciago flagelo, con ejemplos como el más reciente en donde un Fiscal y su funcionario investigador, son capturados con una suma superior a los 100 millones de pesos producto de una coima para torcer la justicia en favor de un procesado, tienen los anaqueles llenos de procesos contra la corrupción, empolvados, muchos por recursos de abogados acostumbrados a ganar pleitos por vencimiento de términos; muchos otros casos, simplemente no evolucionan por la abrumadora congestión de los despachos que se llenan de nuevas denuncias contra el fisco, y en síntesis los casos de sanción efectiva y justa frente a los casos investigados, es realmente desalentador. Pero el pueblo lo sabe; si, aquí en Colombia y en las regiones sabemos que los contratos grandes son objeto de negociación y su adjudicación es pactada entre el pulpo del sector privado y el funcionario que rubrica la ordenación del gasto. También se sabe que hay una cultura en el senado y cámara de representantes, en donde los nombramientos en carteras de decisión contractual importante, son acordados previamente. Y el país escucha una y otra vez que el sistema de contratación de alimentación escolar PAE, se ha convertido en el mejor escenario para robar y pagar los favores políticos y enriquecer a terceros. Resulta fácil, dicen quienes están en este negocio: se factura el cien por ciento de las raciones en cada colegio, pero se sabe que no todas se consumen, esto en razón a reglas de la experiencia que indican que un porcentaje de niños no acude a las clases y entonces, el contratista que, si es ordenado para hacer sus cálculos, aplica la estadística y prepara y sirve solo la cantidad que tiene bien estimada, será consumida por los niños, y se embolsilla el resto. Cómo es posible que incluso en el anfiteatro de la muerte que transpira el Corona Virus, servidores públicos y contratistas se las arreglen para lucrarse con el dolor ajeno, sobrefacturando los suministros, médicos vendiendo vacunas o medicamentos por fuera de los hospitales, etc; esto es indolente e imperdonable, tanto como los politiqueros que orquestan la muerte por desnutrición de niños a quienes el PAE les suministra raciones de las más baja calidad a los más elevados costos, o simplemente, no las suministran.
Recuerdo que el mote con el que nos identificaban en el exterior, ha sido tradicionalmente el de cocaleros; pero ahora, se suma al de un país que cada día se esfuerza más por ascender en el ranking mundial de la corrupción. Es bueno recordar que, a principios del presente año, Transparencia Internacional – TI, dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, destacando que Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción. Según TI, el país se ubica en el puesto 92 entre 180 países, en una calificación realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país. En la región, Colombia obtiene el mismo puntaje de Ecuador, 39/100, y se ubica por debajo de Uruguay que alcanzó, 71/100, Chile, 67/100, y Argentina con un puntaje de 42 sobre 100. Teniendo a Colombia como media de la región, por debajo se ubican Brasil con 38 puntos sobre 100 y Perú con el mismo puntaje. Entre los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México.
El Estado colombiano no es malo; su génesis desde la propia constitución que lo regenta, es noble e inspiradora del bienestar equitativo y sostenible que el pueblo merece; pero es el hombre sin principios que, al ser puesto al mando de la entidad, deslegitima su esencia y lleva sus ejecutorias por el desvarío de la corrupción. En estas condiciones, no es posible que tengamos un país con mejores estándares de educación, salud, arte y cultura, ciencia y tecnología. ¿País competitivo?, no, si se prefiere echar los billones de pesos a volar en aviones de guerra que surcan espacios cada vez más libres de combates. Pero vaya que esta maldición no nos la quita nadie. Fuimos capaces de superar el conflicto armado que llevó más de 50 años; ¿cuántas décadas adicionales nos llevará quebrarle el espinazo a la práctica corrupta en la administración pública? ¿O acaso esa enfermedad no va a ser el vector para el resurgimiento de un nuevo conflicto, aprovechado por los ladrones de cuello blanco y por los criminales en las calles, para seguir haciendo su negocio en desmedro del ciudadano común y corriente?
