POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
El reciente escándalo sobre las salidas de la cárcel La Picota de un empresario detenido por el sonado caso de la distribución de los vehículos Hyundai, al parecer so pretexto de revisiones médicas, que, además, se utilizaban para atender asuntos privados, auspiciadas por directivas del presidio, dicen que, a cambio de cuantiosos sobornos, develó nuevamente algo que ya sabemos todos los colombianos: el sistema penitenciario manejado por el INPEC, está corrompido.
Presuroso salió el Gobierno a tomar medidas de destitución del Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y del Director de la cárcel. Paños de agua tibia; remedios totalmente inútiles para la enfermedad grave que padece el sistema penitenciario colombiano.
La corrupción se suma a otros graves problemas ya conocidos, como el del hacinamiento en las cárceles, que algunos señalan en el 48%, antes la pandemia, porque con motivo de ésta, desocuparon algunas de ellas. En los centros de reclusión se violan los más elementales derechos humanos; espacios inidóneos e insuficientes hasta para dormir, hay pico y placa durante la noche en penitenciarias como la del Pedregal en la ciudad de Medellín; presos que duermen en los pasillos; y no es atípico que los internos pernocten de pie, por turnos o en los baños. Ahora, para el recluso que tiene dinero, todo se consigue; cambio de patio, cama individual, fiestas, celular y hasta salidas del penal con custodia del INPEC.
En la mayoría de las 133 cárceles y penitenciarías del país, impera la ley del silencio para que cada uno de los esquemas de poder dentro de las cárceles, verdaderas mafias, puedan cumplir sus propósitos de corrupción. Desde el director que cobra millonadas por un cambio de patio, hasta el guardia que permite la entrada de droga, armas, comida o un celular y los reclusos que distribuyen. En las cárceles gobierna el hampa y son verdaderas universidades del delito.
El sistema no cumple con su función de resocializar al delincuente; todo puede pasar allí menos la rehabilitación de un preso. Tenemos cárceles vergonzosamente hacinadas con una población carcelaria en medio de la violencia. El personal penitenciario es insuficiente para mantener la seguridad, y aprovechan los criminales con liderazgo para instaurar su sistema de privilegios. El aseo, la higiene, la alimentación son insuficientes y las visitas familiares se dificultan.
El país debe pensar en un verdadero revolcón en su sistema carcelario. Muchas opiniones se escuchan; desde separar los organismos de administración y vigilancia, construir más cárceles y hasta de privatizarlas para buscar un funcionamiento más eficiente, más seguro y más humano. Que la pena sea aflictiva, como debe serlo toda reclusión, pero que también permita la rehabilitación y la incorporación del recluso a la sociedad. Hay que pensar también en remplazar las condenas en prisión por medidas sustitutivas, más efectivas en términos de readaptación social y menos caras: monitoreo electrónico, libertad condicional, servicio comunitario, justicia terapéutica y otros, por supuesto, para ciertos delitos. La realidad es que, como venimos, no podemos seguir; lo que ha pasado en el reciente episodio, es un aviso que debe atenderse antes de que colapse definitivamente el sistema.
