Por: Juan Camilo Restrepo
En el evento de que Gustavo Petro sea elegido presidente -cosa que no está asegurada- la primera medida que ha reiterado que adoptará desde el 8 de agosto de 2022 es suspender la exploración de hidrocarburos. O en todo caso frenarla, lo que para el efecto significa prácticamente lo mismo. Ese anuncio es probablemente el más controversial de los que ha hecho hasta el momento. Y el que lo tiene gagueando cada vez que intenta explicarlo. Y es explicable que así suceda pues sin duda es la más descabellada de sus propuestas.
En un momento es que Europa y Estados Unidos están viendo cómo exploran más para incrementar su producción y ser menos dependientes de otras fuentes de suministros de energía, nosotros estaríamos explorando menos para reducir la producción. Es decir: iríamos exactamente en contravía de como va el mundo.
La propuesta de Petro parte de una grave falacia: que se puede reducir o retardar hoy la exploración de nuevos yacimientos de gas o de crudo sin comprometer gravemente la producción futura. Y esto desde luego no es cierto. Lo que no se explore hoy es producción que se sacrifica mañana. Y para el caso de Colombia, esto sería extremadamente grave, pues contamos con reservas muy reducidas de uno y otro combustible. Y suspender o retrasar la exploración es ponernos en la ruta de perder la autosuficiencia con las terribles consecuencias que ello acarrearía.
La propuesta de Petro llevaría a que en un plazo relativamente corto (2026-2028) Colombia tendría que importar gran parte de sus necesidades energéticas, con un costo fiscal enorme para nuestra balanza de pagos y para nuestras cuentas fiscales.
La asociación colombiana del petróleo ha divulgado unas cifras impresionantes del costo que podría llegar a tener la propuesta Petro. Entre 2022 y 2032 se podría llegar a perder US$ 68.000 millones que es el equivalente a 34 reformas tributarias del estilo de las que se han hecho últimamente. En cinco años la producción de petróleo caería 47% y la de gas natural 27%. Según este estudio, entre 2022 y 2026 se perderían $18 billones de ingresos fiscales para la nación (13 billones el gobierno central y 5 billones las regiones al recibir menos regalías). Esta brecha de ingresos aumentaría con el tiempo, hasta el punto que entre 2022 y 2032 se perderían $77 billones. Una verdadera catástrofe fiscal a la que habría que sumarle pérdidas en la inversión pública y privada y desaceleración considerable en la inversión social y de infraestructura que se realiza en las zonas petroleras y gasíferas.
Desde luego que hay que esforzarse por proseguir con la transición energética hacia combustibles renovables más limpios ambientalmente. En ello se viene trabajando. Pero la manera inteligente de hacerlo no es con una suspensión brusca de la exploración que conduce a caer en el precipicio de la pérdida de la autonomía. Más que una salida inteligente sería un torpe suicidio energético.
