Más de 300 personas privadas de la libertad, permanecen hacinadas, en condiciones infrahumanas, en los Centro Transitorios de la capital del Huila. Detrás de las cifras, se esconde un panorama desgarrador de violación de derechos fundamentales. La sobrepoblación carcelaria en Neiva no solo es un problema de espacio, sino una afrenta a la dignidad humana y los principios de justicia.
Diario del Huila, Primer Plano
El nivel de hacinamiento en el Centro Transitorio de Neiva es sumamente preocupante, alcanzando actualmente un alarmante 376 %. Esto se traduce en una sobrepoblación de 221 personas privadas de libertad, ya que, a pesar de contar con una capacidad diseñada para albergar únicamente a 80 internos, se encuentran alojadas 301 personas en el lugar, anteriormente utilizado como bodega de Alpina.
Más allá de ser una mera estadística, esta situación representa condiciones inhumanas para aquellos que cumplen su condena en estas instalaciones. Las paredes, cubiertas de moho y humedad, no solo son testigos, sino cómplices silenciosos de la vulnerabilidad de los reclusos.
Las implicaciones para la salud de quienes residen en estas condiciones, según reportan familiares de los internos, son alarmantes. Desde problemas respiratorios menores hasta enfermedades más graves, el moho y la humedad actúan como catalizadores de una crisis sanitaria latente. En un ambiente donde la cercanía física es inevitable, el riesgo de contagio se convierte en una amenaza constante, poniendo en peligro tanto la integridad física como mental de cada individuo.
Sin embargo, el problema no se limita al hacinamiento y las condiciones insalubres. La propia infraestructura del centro transitorio, según las quejas de los internos, refleja una manifestación de negligencia estatal.
Una estructura diseñada para albergar a un número limitado de personas se ve desbordada por una realidad que supera cualquier previsión. Además, se denuncia la escasez de agua potable, agravando aún más la situación y convirtiendo una estancia que ya es inhumana en algo aún más desesperado.
Detrás de estas cifras y condiciones desalentadoras se esconde un panorama más amplio de violación de derechos fundamentales. El hacinamiento no solo es una cuestión de espacio limitado, sino también una afrenta a la dignidad y los derechos de aquellos bajo custodia del Estado. La falta de medidas adecuadas para abordar esta crisis que pone en peligro la salud y el bienestar de los internos socava los principios básicos de justicia y equidad que deben regir cualquier sistema legal.
Ante esta crítica situación, familiares de las personas privadas de la libertad, han vuelto a hacer un llamado a las autoridades competentes. “Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Neiva, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, para que realicen una inspección al lugar y tomen las medidas del caso. El alcalde Germán Casagua tiene la obligación de actuar, de lo contrario, asumir el peso de la ley”.
En Neiva, el centro transitorio representa un símbolo de la sobrepoblación carcelaria, la negligencia institucional y la indiferencia hacia los derechos humanos más básicos, según señala un abogado defensor de uno de los internos que vive bajo estas condiciones mientras se define su sustitución judicial.
‘Todos saben, pero nadie responde’
El 26 de febrero pasado, se llevó a cabo en la capital del Huila la Mesa Pública Penitenciaria, donde se expuso el preocupante panorama de los centros penitenciarios de Neiva, La Plata y Pitalito. Según la Personería de Neiva, el hacinamiento, la deficiente infraestructura y los problemas de salud son algunas de las necesidades más urgentes que deben ser atendidas para las personas privadas de la libertad.
El Procurador Departamental, Diego Alexis Tello Esquivel, subrayó la importancia de que los alcaldes electos contribuyan proporcionando recursos y terrenos para la construcción de centros transitorios destinados a estas personas. Esta medida pretende hacer frente al preocupante problema de hacinamiento que se vive en la región, agravado por la propagación de enfermedades contagiosas como la tuberculosis.
Johana Elena Rojas Herrera, Defensora del Pueblo Regional Huila, resaltó la participación de la judicatura en esta convocatoria y señaló los retrasos en la atención de solicitudes de tutela, así como la falta de personal especializado en psicología para la atención de los reclusos. También destacó los serios problemas de infraestructura en varias cárceles del departamento, especialmente en La Plata, advirtiendo sobre el riesgo inminente de colapso en algunos casos.
El panorama expuesto por las autoridades deja en claro la urgencia de abordar estas problemáticas de manera integral. Wilson Díaz Sterling, quien en ese momento se desempeñaba como personero de Neiva, expresó su preocupación por la falta de inversión destinada a garantizar los derechos de los reclusos. Señaló los problemas de hacinamiento en los centros de detención transitoria de Neiva, los cuales carecen de la infraestructura adecuada para albergar a los privados de la libertad.
«Hemos enfrentado una situación de relativo aislamiento en cuanto a las inversiones necesarias para asegurar los derechos de las personas privadas de la libertad», declaró el representante del Ministerio Público. «Nos encontramos ante graves problemas de hacinamiento en los centros de detención transitoria de Neiva, ubicados en las antiguas instalaciones de Alpina, la Subestación El Caguán y el CAI Bogotá. Estas infraestructuras no fueron diseñadas originalmente para albergar a personas privadas de la libertad, lo que ha agravado la situación. Nos enfrentamos a un problema de hacinamiento que ha superado la cifra de 300 personas privadas de la libertad, con muchos de ellos a la espera de que se resuelva su situación jurídica«.
La cifra hoy en día
Según el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, el nivel de hacinamiento general en los tres centros de detención transitoria de Neiva es del 343%, lo que se traduce en 245 personas privadas de la libertad que exceden la capacidad de dichos lugares.
En la actualidad, hay un total de 346 personas privadas de la libertad distribuidas de la siguiente manera:
1. Instalaciones CDT antigua bodega Alpina: Con 301 personas, estas instalaciones cuentan con una capacidad máxima para 80 personas, lo que genera un hacinamiento del 376% (221 personas que exceden la capacidad).
2. Instalaciones CAI Bogotá: Con 29 personas, estas instalaciones tienen una capacidad máxima para 15 personas femeninas, lo que representa un hacinamiento del 193% (14 personas que exceden la capacidad).
3. Instalación de la subestación de Policía Caguán: Con 16 personas, estas instalaciones tienen una capacidad máxima para 6 personas, lo que genera un hacinamiento del 267% (10 personas que exceden la capacidad).
En la actualidad, hay dos personas enfermas de tuberculosis en el CDT antigua bodega de Alpina, una de las cuales ha estado bajo tratamiento durante más de tres meses, mientras que la otra está en proceso de evaluación y determinación del tratamiento médico. Desde la Personería, se realizan visitas diarias a dichos espacios para verificar que se realicen las evaluaciones y cuidados médicos correspondientes por parte del personal médico y responsable de este tipo de atención.
Es importante destacar que la responsabilidad del cuidado de estas personas recae en un 100% en manos de la Policía Nacional, a pesar de que la responsabilidad de garantizar dicho cuidado corresponde al Municipio para las personas sindicadas y al INPEC para las personas condenadas. Sin embargo, es la Policía la que asume dicha responsabilidad.
