Por: HAROLD SALAMANCA
A propósito de las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, se reviven los escándalos por filtración en las campañas políticas de dineros de dudosa procedencia, que no tienen otra destinación diferente a la compra de votos, practica que hoy es muy común, y hasta “aceptada” socialmente. En el marco de las discusiones sobre el voto obligatorio en Colombia, es fundamental analizar las cifras y estadísticas que respaldan esta medida como una herramienta efectiva para acabar con la corrupción electoral, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la democracia en nuestro país.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las últimas elecciones presidenciales celebradas en Colombia, la participación electoral fue del 53,2%. Es decir, poco más de la mitad de la población en capacidad de votar ejerció su derecho al sufragio. Esta cifra es preocupante, ya que refleja una importante cantidad de ciudadanos “despreocupados” por la suerte de su país, que deciden abstenerse y no ejercer su derecho al voto.
En contraste, en países con voto obligatorio, se ha logrado un alto grado de compromiso cívico entre sus ciudadanos, situación que conduce a que las decisiones políticas reflejen de manera más precisa la voluntad de la mayoría y han fortalecido la legitimidad de sus sistemas democráticos. Datos de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalan que países que han implementado el voto obligatorio han logrado reducir el impacto de la corrupción en el sistema político. Esto se debe a que, al haber una mayor participación ciudadana, los políticos deben responder a un electorado más amplio y diverso, y no centrarse únicamente en intereses particulares.
Además, el voto obligatorio permite un impacto positivo en la representatividad de los gobernantes electos. Al hacer que todos los ciudadanos acudan a las urnas, se evita la exclusión de grupos vulnerables y se asegura una mayor diversidad en la representación política. Es un hecho innegable que la participación electoral activa y masiva es la base para una representación genuina de la voluntad popular.
La implementación del voto obligatorio no implica coartar la libertad de elección. Los ciudadanos aún conservan la opción de votar en blanco, lo que representa una forma de expresar su descontento con las opciones políticas presentadas. Es hora de reflexionar sobre la implementación del voto obligatorio en nuestro país como un paso firme para eliminar la corrupción en el sistema político e impulsar el país hacia una democracia más sólida y participativa.
