Por tercera vez, la Corte Suprema de Justicia, no eligió de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro Urrego, el fiscal general de la Nación. Este tema se ha vuelto muy sensible para la opinión pública, porque los 23 magistrados no han logrado que una de las integrantes que la conforman, obtengan la mayoría calificada, que corresponden a 16 votos. La polarización que vive el país ha generado una rivalidad que cada día se está convirtiendo en una incertidumbre, porque en este organismo de control, se les adelantan investigaciones penales a familiares del presidente de la República y a algunos amigos de su entorno político, que los tiene en ascuas por sus implicaciones judiciales que le pueden generar en el proceso de su elección como primer mandatario de los colombianos, en el Consejo Nacional Electoral. La elección del fiscal general es un proceso que debe garantizarle a la Nación la designación de la candidata de las más altas calidades. No solo frente a la idoneidad profesional y trayectoria de la elegida, sino en lo que respecta a su independencia y compromiso con la separación de poderes.
De nada han servido, las hordas enviadas el pasado 8 de febrero para asediar a las instalaciones donde funciona este Alto Tribunal. Generó el más profundo rechazo de la opinión pública y de las Cortes en pleno. De nada sirvió que la asonada que se suscitó cuando salieron a protestar los sindicatos, Fecode, y demás organizaciones sociales afectas al gobierno nacional para exigir una pronta elección del Fiscal General de la Nación. Lo anterior, se le ha convertido en un efecto dominó adverso al primer mandatario, porque se desbordó la anarquía y el caos en las vías aledañas a estas instalaciones de las Altas Cortes. Las protestas terminaron en disturbios, lo cual incrementó la tensión entre los poderes públicos. Las candidatas que presentó en la terna no han sobrepasado la votación requerida para su designación, lo cual ha exacerbado a los grupos políticos afectos del presidente.
La elección del fiscal general es un proceso que debe garantizarle a la Nación la designación de la candidata de las más altas calidades. No solo frente a la idoneidad profesional y trayectoria de la elegida, sino en lo que respecta a su independencia y compromiso con la separación de poderes. En ese sentido, y mucho más en medio del polarizado momento político que vive el país, es imperativo que, en todos los sectores de la vida nacional, empezando por el Ejecutivo, se generen las condiciones para que la Corte Suprema cumpla su misión constitucional sin ruidos ni presiones de ninguna especie. La próxima votación se hará el 7 de marzo. A este puesto aspiran las ternadas Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, mujeres postuladas por el presidente Gustavo Petro.
