Aníbal Charry González
No hay nada que hacer en este país para ver de combatir la corrupción, cuando ella viene aupada desde las altas esferas del poder a modo de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo en punible ayuntamiento para que prevalezcan sus intereses politiqueros, por encima de los intereses nacionales, que muy poco les importa a esta cáfila de filibusteros, que sabedores de la complicidad y la inercia de la sociedad para rechazar con firmeza la sistemática corruptela, proceden con impudicia para sumirnos en la pestilencia acabando con las instituciones en la cuales ya nadie tiene credibilidad.
Así uno no quisiera hablar de corrupción, no queda otra alternativa que hacer referencia reiterada a ella a modo de denuncia, así sea estéril, por cuanto la corrupción, quien lo duda, es el régimen que gobierna este país por cuenta, como no, de la vitanda clase política. Para otra muestra de las tantas, la más reciente, es lo que ha pasado con la elección de la llamada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de la función disciplinaria de fiscales, jueces y abogados, que ha quedado manchada con la elección de uno de los magistrados producto de los pactos simoníacos que hace la clase política, recaída en el ex contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, que será acusado por el caso de Odebrecht, ante la Corte Suprema de Justicia.
El nuevo magistrado Granados para vergüenza de la Justicia, había sido imputado por la Fiscalía a finales de 2018 por actuaciones ilegales en beneficio de Odebrecht como candidato a la Gobernación de Boyacá siendo militante de Cambio Radical, sí, cosa rara, el mismo del también subjúdice presidente del Congreso Arturo Char; y a sabiendas de la gravedad de la investigación por hechos de corrupción, el subpresidente Duque en ese inveterado ejercicio malsano, invocando seguramente la sempiterna presunción de inocencia de tanto bandido politiquero, no tuvo empacho alguno para cumplir con esos pactos nauseabundos, ternando a quien estaba gravemente cuestionado, nada menos que para administrar justicia disciplinaria.
Y todo indica que fue un nuevo tongo con el Congreso, como ya había ocurrido con la extinguida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que fue integrada generalmente por fichas de la politiquería que ni siquiera habían ejercido la profesión de abogado, lo cual ahora se replica, comunicándonos que hubo fue un simple cambio de fachada o de nombre del organismo que debe disciplinar a fiscales, jueces y abogados, pues ninguna transparencia en la elección de estos altos funcionarios se puede esperar cuando intervienen en ella unos beduinos de la política -con perdón de los beduinos-, que es lo que tenemos desgraciadamente gobernando y haciendo las leyes de la República. Y para que no quedara duda del espurio concierto, elegido por una aplastante votación de 186 votos, se le premió al nuevo magistrado, además, con la impunidad, para que no sea la Corte Suprema de Justicia la que lo juzgue por sus actos de corrupción, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara, experta en absolver bandidos de la politiquería.
