Aníbal Charry González
Ahora que el establecimiento que ha depredado este país en forma inclemente, sumiéndolo en la corrupción, la pobreza extrema, la desigualdad y la violencia, está empeñado en deslegitimar el Gobierno del presidente Petro acudiendo a todas las formas de lucha cargada de infamias y mendacidades de la mano de los medios afectos al régimen que se ha entronizado en este país de vieja data, donde lo culpan hasta de la llegada del fenómeno del Niño con todas las consecuencias catastróficas que se anuncian, cuestionando como un acto populista su decisión de gobernar desde la Guajira, resulta pertinente referirnos en aras de la verdad, a la situación miserable de abandono estatal a que ha sido condenada esta región secularmente, por parte de ese establecimiento corrupto e indolente que tanto ataca a su Gobierno.
Según datos del DANE el 63.3 por ciento de la población de la Guajira se encuentra en estado de pobreza monetaria, o sea, 757.097 personas, mientras que el 39.7 por ciento están en la pobreza extrema (454.246) personas, que es una situación social aberrante, si tenemos en cuenta que el índice de pobreza monetaria en el país es de 42.5 por ciento, o sea, 23.8 menos que en esa abandonada región, a lo cual hay que agregarle para colmo de males, que el 48.7 de la población malvive en condiciones de pobreza multidimensional, o sea que carece de acceso a servicios de salud, educación, condiciones de vivienda y agua potable entre otros elementos, cuando el promedio nacional es del 12.9 por ciento, y la informalidad es del 66.7 por ciento muy por encima del promedio nacional.
De ahí que la Corte Constitucional desde el 2017 haya concluido con abrumadora evidencia cómo en ese departamento no había garantías para acceder al agua, la alimentación y la salud, es decir, se vivía un estado de cosas inconstitucional porque sus habitantes eran víctimas de una violación múltiple de derechos fundamentales por fallas de diferentes entidades públicas y la incapacidad del Estado para asegurar un acceso continuo y sostenible del agua potable, con la misma historia en la prestación de los servicios de salud, lo cual sigue ídem actualmente, pero sumando procesos judiciales, muertes, destituciones y hambre como se dijo en un informe de El Espectador.
Y es que para mal de males y es consecuencia del accionar impune del establecimiento corrupto y criminal que ataca al Presidente, La Guajira ha sido carcomida por la corrupción de sus gobernantes como que ha tenido 12 gobernadores en los últimos 10 años, y entre 2016 y 2020 se presentaron 37 hechos de corrupción y en la Procuraduría existen 64 expedientes con denuncias de corrupción que llevan más de 10 años engavetadas como lo registró un informe de Dejusticia, recomendando que el Congreso expidiera una ley de protección de denunciantes de la corrupción, que ha sido lo mismo que nada por estar contaminado también por este cáncer metastásico que tiene sitiado al país. De ahí la histórica y urgente intervención del Gobierno del presidente Petro.
