Pese a la problemática que hubo entre el Gobierno Nacional y la firma Thomas Greg, encargada de elaborar los pasaportes para el país, todo quedó en pleitos judiciales, pero en el departamento del Huila, este hecho no tuvo ningún tipo de repercusiones y se siguieron produciendo y entregando al público.
Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) radicó hoy (ayer) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca su intervención en el proceso iniciado por la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Greg & Sons, en el que se reclama el pago de $117.000 millones de pesos.
Todo en normalidad
En relación a la expedición de pasaportes para la ciudadanía que tuvo unas críticas, en relación a las citas, este medio de comunicación habló con Liliana Quimbaya, secretaria general de la Gobernación del Huila, quien manifestó. “El proceso de pasaportes está muy estructurado, las citas se dan todos los viernes a partir de las 4:00 de la tarde, se abre la plataforma para que la gente comience a registrarse, una vez se acaben todas las citas que están previstas allí, se cierra el acceso”.
La funcionaria añadió que desde esta dependencia, se encuentran atendiendo de lunes a jueves desde las 7:00 de la mañana, hasta las 5:30 de la tarde, mientras los viernes con el mismo horario de apertura, pero el cierre es a las 4:30 P.M. para dar inició a la asignación de citas vía web.
La producción de documentos
Y en lo relacionado a la producción de estos títulos, la secretaria expresó. “diariamente se expiden alrededor de 140 pasaportes, se están se están dando las citas normalmente, por ejemplo el pasado mes de agosto, se expidieron 2.458 pasaportes, de acuerdo obviamente a la capacidad instalada que tenemos para poder atender este número de personas”.
La administrativa indicó que tienen en custodia, 1.493 pasaportes y se encuentran a la espera que la ciudadanía solicitante, se acerque a reclamarlos, regularmente tienen cinco días hábiles para hacerlo.
Pasaportes y la problemática
Ya en lo concerniente a la problemática que ha experimentado el país entre la empresa productora y el Gobierno Nacional, Liliana Quimbaya, expresó: “nosotros actualmente estamos expidiendo y trabajando de manera normal, de acuerdo al convenio que tenemos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que exista algún inconveniente por causas del orden nacional, no loa hemos tenido”.
En este sentido, el pasaporte tiene un costo de $278.200 y entre los requisitos exigidos, en el caso de los adultos, la cédula de ciudadanía; en los jóvenes la tarjeta de identidad y para los niños, los padres deben llevar el registro civil.
Adición de recursos
Y para garantizar la expedición de pasaportes hasta el próximo 2 de octubre, la Cancillería ha sumado $21.752 millones al contrato con la firma Thomas Greg & Sons.
Esta adición se formalizó luego de que el Fondo Rotatorio del ministerio de Relaciones Exteriores informara, sobre la inclusión de cinco nuevas cláusulas en el contrato actual.
La primera de estas contempla la adición de la suma en mención, solicitada tras una comunicación presentada el pasado 27 de agosto, donde se instaba a aumentar los recursos para asegurar la continuidad del servicio.
El lío
Por otra parte, la controversia se desencadenó luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores de en su momento, Álvaro Leyva, a través del Fondo Rotatorio, declarara desierta la licitación LP-001-2023.
Ante este proceder, la multinacional alegó la vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato, e interpuso una solicitud de conciliación en la que pretende el pago de más de $107 mil millones, si la Cancillería no accede a la adjudicación del mismo a la U.T. PASAPORTES 2023.
Posteriormente, se conoció que el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo para que la compañía Thomas Greg & Sons continúe con la fabricación de los documentos hasta septiembre de 2025.
Y es que desde hace más de 40 años, Thomas Greg tiene concentrado el negocio de la expedición y fabricación de pasaportes en el país. En 2023, el entonces canciller, Álvaro Leyva, advirtió sobre supuestos favorecimientos hacia la compañía, por lo que decidió abrir un proceso de licitación para dar la oportunidad a otros contratistas.
Esa misma firma, alegó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pago de una indemnización por los cuatro años en que dejaría de recibir ingresos al haber quedado por fuera del negocio, sin argumentos fácticos, jurídicos y técnicos en su contra.
En esa época, el Gobierno se vio obligado a declarar la urgencia manifiesta, al haberse quedado sin fabricante y desatado una crisis por el aumento en la solicitud de los documentos. Entonces, decidió ampliar el contrato con Thomas Greg hasta el 2 de octubre de 2024 y, ampliarlo una vez más por otros 11 meses.
El Estado se defiende
Ahora se conoció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca su intervención en el proceso iniciado por la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Greg & Sons, en el que se reclama el pago de $117.000 millones.
El documento, que hace parte de la estrategia de defensa del Estado, liderada por la Agencia, busca demostrar que, durante el proceso de licitación, en el pliego definitivo se establecieron cláusulas que impedían la selección objetiva en razón de condiciones técnicas habilitantes y ponderables, objetivamente infundadas y de imposible cumplimiento para oferentes o interesados distintos a quien de tiempo atrás venia ejecutando el contrato.
Y según el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, “la decisión de declarar desierta la Licitación Pública 001 de 2023 se ajusta al marco legal, considerando que los requisitos habilitantes y de ponderación incluidos en el pliego de condiciones impedían la selección objetiva».
Dentro de los requisitos habilitantes, se incluyó el ofrecimiento de una planta de pasaportes en la ciudad de Bogotá, el ofrecimiento de una planta de personalización como plan de contingencia en Norteamérica y la muestra de las libretas de pasaportes; exigencias que, según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), no es común en este tipo de procesos. Esta condición, además, solo podía ser cumplida por el contratista actual.
“Con la etapa de conciliación prejudicial ya agotada, la ANDJE enfocará sus esfuerzos en defender los intereses litigiosos del Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso judicial», puntualizó el director de la Agencia, Cesar Palomino. Finalmente y según el documento del acuerdo, la Cancillería señala que un Gobierno extranjero iniciará la producción de libretas de pasaportes durante 10 años, en una planta ubicada en Colombia.
