No puede pasar inadvertido el drama del desplazamiento forzado en Colombia. Cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo, incluidas en un informe reciente sobre esta problemática que está afectando a las familias que residen en las zonas donde se desarrolla con mayor intensidad el conflicto armado. Durante el gobierno del cambio, el debilitamiento progresivo que han tenido el ejército y la fuerza pública, le han generado condiciones favorables para se incremente el accionar irracional y demencial de las organizaciones narcoterroristas que operan en el país. Colombia ha regresado en solo 15 meses al periodo más violento que tuvo el país. El gobierno nacional no puede permitir que este asunto adquiera dimensiones catastróficas como las que tuvo a comienzos de este siglo en el país. Para entonces, época en la que el conflicto armado alcanzó uno de sus momentos más álgidos, afectando a miles de comunidades; se llegaron a tener hasta 777.000 desplazados en 2002. Ahora la Defensoría del Pueblo, en su reciente boletín de movilidad, relacionado con las tendencias y dinámicas de la movilidad humana forzada interna, expresa que solo en el mes de octubre de 2023, se registraron 35 eventos de desplazamiento forzado en el territorio nacional, los cuales se encuentran distribuidos en: 8 desplazamientos forzados masivos, 7 casos de confinamiento, 20 situaciones de desplazamiento o confinamiento, 1.303 familias desplazadas, 3.075 personas desplazadas y 21 comunidades confinadas Lo anterior son producto de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en diversas regiones. Por supuesto existen otros factores que también lo provocan, entre las que presentan por amenazas dirigidas a la población civil, homicidios selectivos, presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como la estigmatización de personas como supuestas colaboradoras de la fuerza pública o de grupos armados ilegales. Podemos inferir que las familias que viven en estas regiones se encuentran inermes y desprotegidas por el accionar estatal.El terror, el miedo y la angustia se han apoderado de estos pobladores que residen en las zonas rurales, quienes, tras enfrentar combates quedan en medio de este hirsuto conflicto que corroe las instituciones democráticas del país, mientras el gobierno nacional, se encuentra a espaldas de esta cruda realidad nacional. El tener que abandonar de repente el territorio que se habita, en un clima de terror y amenaza, dejando atrás, no solo bienes materiales sino toda una historia de arraigo y vínculo sentimental con un espacio geográfico es una tragedia que sufren, por lo general, los más vulnerables. Este aspecto hay que tenerlo muy presente. Es escandaloso saber que el 85 por ciento de los desplazados en 2022 pertenecían a población afrodescendiente e indígena. El Estado debe darles un trato prioritario a las comunidades obligadas a desplazarse. Para ello, la Unidad de Víctimas cuenta con una estrategia que incluye un plan de contingencia para atenderlos.
