En el IX Seminario Internacional sobre el Conflicto Armado Interno, que trajo invitados internacionales, en una de las jornadas, se estudió el acceso a la justicia en Colombia. En el evento se analizaron experiencias en Suecia y España.
Asimismo, se conoció que los altos tribunales en el país ibérico, se ha dejado permear por la política, actualmente los partidos políticos tienen demandas en contra de su similar, utilizando los estrados que no están pensados para esta serie de situaciones.
La tutela
En este sentido, Diario del Huila, dialogó con Lorenzo Mateo Bujosa, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España y catedrático de Derecho Procesal en la misma Universidad quien manifestó: “todos los países tenemos nuestras falencias, en cuanto al acceso a la justicia aquí en Colombia, tienen un instrumento importante y es la tutela, que se encuentra protegida en la Constitución Política, es decir hay mecanismos para proteger el acceso a la justicia y la satisfacción de las pretensiones. Sin embargo, hay falencias en ambos países (España y Colombia), y una de ella es la demora judicial, que se convierte en una forma de injusticia, de no protección de los derechos y de dar efectividad al resto del ordenamiento jurídico”.
El experto, reconoció en la tutela un buen instrumento para salvaguardar los derechos, que ha sido muy utilizado por la ciudadanía, y su equivalente en el país ibérico, es el recurso de amparo, pero este es subsidiario, se debe esperar a que los órganos judiciales den respuesta a las demandas.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/fue-detenido-creador-de-contenido-senalado-de-abuso-a-una-menor-en-neiva/
Acceso a la justicia
En cuanto al acceso a la justicia, el profesional en derecho procesal, indicó que ellos manejaban los turnos de oficio, donde el abogado litigante se inscribe en una lista para que defienda a una persona de escasos recursos y cuentan con la figura del procurador, quien lleva los trámites.
“En general los abogados españoles, son serios, pero se quejan periódicamente de que el Estado les paga tarde y mal. Es gente que está ahí por esa vocación social que pueda tener, sin embargo, no son bien remunerados”, dijo el académico.
Formador de juristas
Y la primera vez que el experto vino a su querida Colombia, como dijo, fue en el año 2003, invitado por el académico, Ramiro Bejarano, de la Universidad Externado, para esa fecha cumplían ya cinco años, las acciones populares y de grupo, que es otro de los instrumentos que aplaude el experto, y para la época ya había penalistas colombianos en la ciudad de Salamanca, a quienes les ayudó a dirigir las investigaciones y que ahora se encuentran en las ‘altas cortes’.
“He vivido la elaboración del Código General del Proceso, de la mano del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y analizando los hechos de otro país, es para tomar ideas y adoptar soluciones, a pesar de que las sociedades son distintas, los problemas son parecidos”, destacó el jurista.
Por ejemplo en el derecho penal de Colombia, la ley de 2004 es interesante, pero el ‘aterrizaje’ en la práctica es complejo.
Justicia politizada
“Según los números estadísticos harían falta funcionarios judiciales, no solo jueces, sino mayor inversión en medios y plan personal, porque históricamente la justicia, ha sido la ‘hermana pobre’, porque a lo mejor deja pocos dividendos electorales. Y nuestros partidos políticos tienen miradas a corto plazo, piensan en posiciones electorales”, dijo el abogado.
Ya en cuanto a la injerencia de la política en el derecho, el académico agregó: “sobre todo en los altos tribunales mucho, en los últimos tiempos yo diría que más. Los juzgados y tribunales están en varios sentidos instrumentalizados por los partidos políticos, esta semana presentaron querellas y demandas por cada ‘bando’, utilizando el campo judicial que no está para eso, se ha degenerado el debate político hasta ese punto hay denuncias por corrupción”.
Este es el panorama que sucede en España y tengo entendido que aquí en Colombia, sucede igual.
La digitalización
En el país ibérico, se encuentran aplicando las medidas digitales, y utilización de las nuevas tecnologías, por ejemplo la Ley de Juzgamiento Criminal, data de 1882 y necesita una actualización, pero ninguna legislatura lo ha logrado realizar.
“Ahora la gente accede más a la justica, demanda para proteger sus derechos, y esto es señal que se están salvaguardando los mismos. Sin embargo, hay un aspecto en que estamos atrasados y es en lo relacionado a las vías complementarias, lo que se llama en Colombia, la conciliación que depende de un cambio cultural que la sociedad todavía no tiene”, develó el penalista.
Y sí hay países donde los ciudadanos, buscan solucionar sus conflictos de manera pacífica. “Y esto no lo logran los cambios legislativos, son aspectos de base para que puedan funcionar estos instrumentos. En España, se utiliza la mediación, y hay aspectos que hay que cambiar”, dijo el profesor.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/los-ninos-de-neiva-siguen-estando-en-riesgo-de-reclutamiento-forzado/
Digitalización y trámites
En cuanto a la digitalización de la justicia de Colombia, el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela, aseguró que solamente en demandas contra el Estado existen más de 330.000, lo que significa que el expediente digital va a servir para descongestionar la rama judicial, qué tantas demandas recibe diariamente.
El plan de digitalización de la justicia es una apuesta del Consejo Superior de la Judicatura a 4 años, con una inversión de casi 1.2 billones de pesos y del cual se espera generar una profunda transformación del sistema judicial.
Durante el foro realizado por la Facultad de Ingeniería – ¿Cómo digitalizar la justicia? Una perspectiva interdisciplinar – expertos analizaron los retos que existen tras la transformación digital de la justicia colombiana.
Los investigadores del Laboratorio de Diseño para la Justicia de Los Andes, resaltan que este plan hace un especial énfasis en el expediente electrónico de la Tutela y su modelo de gestión interna. Según Santiago Pardo, profesor de la facultad de Derecho, desde que se concibió en el 1991, la tutela ha sido el mecanismo universal y nivelador de la justicia, por ser una herramienta que pueden utilizar todos los ciudadanos sin importar su estrato social, es por eso que la digitalización se convierte entonces, en una promesa de acceso a la justicia en un país con un alto nivel de desigualdad en este campo.
Se han procesado 3.000 protecciones
Y desde la creación de la plataforma Tutela en línea, se han procesado más de 3.000 tutelas y durante la situación desencadenada por la pandemia, esta plataforma demostró los beneficios de los recursos digitales que acortan las distancias entre la justicia y el ciudadano, además de agilizar los procesos.
En el pasado las tutelas de todos los municipios del país se mandaban a la Corte en camiones, por medio del correo físico, lo que generaba un colapso entre las tutelas que llegaban de un sector rural y las que se registraban en Bogotá, después de eso los expedientes debían regresar a su lugar de origen porque deben almacenarse en la ciudad de origen. Este proceso generaba al año un costo de 11 mil millones de pesos.
Durante el evento, Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, resaltó que la transformación a la justicia en Colombia ha sido lenta y desordenada, ya que se encapsuló por mucho tiempo en el tema del expediente electrónico, como si fuera la única herramienta tecnológica posible dentro del sistema judicial.
