Los disidentes utilizan las citaciones, que hacen llegar a la comunidad, les indican los determinados puntos, donde los esperan, y allí a través de una aparente contribución voluntaria, los constriñen para efectos de que terminen entregando un dinero, que va para las finanzas de estas organizaciones.
Los municipios que más les preocupan a las autoridades judiciales, son Algeciras, Pitalito y Tello.
¿Qué dicen las cifras?
Frente a esta problemática, las autoridades judiciales indican que este ilícito ha sufrido una considerable alza y se atribuye, de acuerdo a las hipótesis delictivas, a la presencia de los grupos organizados al margen de la ley en el departamento.
Al respecto, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, dijo. “En el año de 2022, teníamos 166 casos, y este año ya llevamos, 220 hechos. Se ha incrementado en un 33% esta conducta delictiva. Y tomando como base las investigaciones, hay un subregistro de víctimas que por temor a represalias, generadas por estos grupos, no presentan las denuncias ante las autoridades”.
En este aspecto, el mayor Alex Gabriel Ochoa, comandante del Gaula de la Policía-Huila, señaló: “de las denunciadas recibidas este año, han aumentado en relación con el 2022, porque la gente está declarando y de este número el 62% son extorsiones digitales. Los delincuentes exigen la entrega de cifras que van desde $200.000, hasta $15 o $20 millones”.
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Las víctimas de los ‘armados’
En relación a las víctimas que deja este flagelo, el fiscal, señaló que se encuentran: comerciantes, transportadores, campesinos, tenderos, es decir los empresarios de ‘pequeña escala’, que están en los municipios o poblaciones más alejadas de las capitales.
“Según las investigaciones, el dinero exigido a los perjudicados, depende a la actividad que desarrollen, desde el punto de vista comercial, asimismo le piden la cuota monetaria. Y nos preocupan los municipios de Algeciras, Pitalito y Tello”, agregó Dayro Herrera.
En este orden de ideas, los disidentes harían llegar citaciones, a los ciudadanos, donde les indican que los esperan en determinados puntos, y allí a través de una aparente ‘contribución voluntaria’, los constriñen para efectos de que terminen entregando un dinero, que va para las finanzas de esta organización.
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Miedo e invitación a denunciar
Ante el miedo de los perjudicados a denunciar las intimidaciones, el funcionario judicial, invitó a la comunidad a dar a conocer esta clase de hechos.
“La Fiscalía está con las puertas abiertas para atender todas sus denuncias, tenemos casos en los cuales hemos dado resultados muy positivos, donde solicitamos la respectiva medidas de aseguramiento intramural, de acuerdo a los requisitos que la ley establece, con el fin de proteger esos bienes jurídicos de la ciudadanía”, destacó el fiscal.
De igual manera, el funcionario indicó que se encuentran trabajando de manera articulada todas las autoridades para poder cumplir con la misionalidad de cada uno, en el caso de Fiscalía con la judicialización, el Ejército con la presencia en los territorios y la Policía con prevención. Destacó que es importante la denuncia ciudadana, porque es la que da el insumo, la prueba u orienta para establecer la ocurrencia del hecho, así como el presunto autor de la conducta punible.
Por su parte, Johana Rojas, defensora del Pueblo seccional-Huila, manifestó: “desde la entidad generamos los escenarios de advertencia, sobre situaciones de riesgo que día a día, asumen las personas en el territorio, por cuenta de los grupos armados con sus hechos victimizantes, como por ejemplo el reclutamiento forzado, desplazamiento, extorsión y normas de conducta que han querido imponer. Ha sido una situación muy compleja”.
“Sin embargo, las comisiones intersectoriales para las respuestas a las alertas tempranas se encuentran en todos los territorios, para llamar la atención de la institucionalidad y mitigar el riesgo. No solamente el fenómeno de reclutamiento, está dándose en el territorio, sino situaciones, cuya denuncia no se produce debido al miedo generalizado, que tienen los perjudicados, a declarar contra sus victimarios y continuar en los territorios donde ellos hacen presencia”, agregó la funcionaria.
Extorsiones carcelarias
En cuanto a las extorsiones carcelarias, el departamento del Huila, no se ve perjudicado por los centros penitenciarios ubicados en la misma región, dentro de las investigaciones realizadas por funcionarios del Gaula de la Policía, encontraron que en gran porcentaje, las llamadas extorsivas se hacen desde las cárceles de Cómbita en Boyacá, La Tramacúa en Valledupar, y ‘Doña Juana’, ubicada en la Dorada, Caldas.
Ante esta problemática, “hemos hecho allanamientos simultáneos, intervenciones coordinadas con funcionarios del Inpec y hallamos teléfonos celulares, libretas con números de potenciales víctimas, logrando identificar a estos internos que cometen este tipo de ilícitos y se les imputa un nuevo delito. Estos equipos móviles, son enviados al ciber-gaula, que es una unidad especializada para tratar delitos de extorsión, también son delitos informáticos y extraemos información para identificar a los delincuentes”, añadió el oficial.
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Acciones en las prisiones
Y ante el incremento de la extorsión desde las cárceles, la Procuraduría instó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Mintic, Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan reducir este delito.
“Hemos conocido por información de los gobernadores, alcaldes y la ciudadanía que se han disparado estas llamadas extorsivas desde distintos centros penitenciarios”, explicó Javier Sarmiento, procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, quien no dejó de expresar su preocupación por esta situación.
Por ejemplo, se supo que, en la gran mayoría de los establecimientos carcelarios, los inhibidores de señales telefónicas están fuera de servicio lo que abre la puerta al accionar de la criminalidad.
Y ante el cerco de investigadores por mitigar el delito, los delincuentes innovan utilizando nuevas tecnologías como las tarjetas E-sim y las plataformas financieras digitales para el traslado de recursos financieros productos de la extorsión.
¡Forma de control!
Ya la OEA en su análisis del primer semestre del año, señaló: “que la extorsión por parte de grupos armados ilegales “ha sido más recurrente ante el debilitamiento de otras de sus fuentes de financiación”, como una forma de control económico en contra de actividades legales e ilegales.
También se señala que grupos armados ilegales han establecido cobros en contra de ganaderos por cantidad de cabezas de ganado o hectáreas poseídas. Así mismo, se señala que tasan las cifras de extorsión a raíz de las ganancias estimadas por establecimientos comerciales.
Y según el Reloj de la Criminalidad de la Corporación Excelencia en la Justicia. “Con un promedio de 1.081 casos cada 24 horas, los hurtos a personas y las extorsiones son los dos delitos de mayor impacto que más registraron un incremento en el primer semestre de 2023, en contraste con lo reportado en el mismo periodo de 2022”.
En otras palabras, cada 60 minutos se cometieron 44 hurtos a personas, para un promedio de 1.052 casos diarios, y cada 49 minutos se ejecutó una extorsión en Colombia, para una media de 29 actos cada día.
