En el Huila exigían resultados sin combates. Así lo afirmó ayer el magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz – JEP Alejandro Ramelli Ortega. Desde mañana, y hasta el sábado, inicia la audiencia de reconocimiento por parte de los comparecientes por los mal llamados Falsos Positivos. Se espera que con esta comparecencia se aporte a la reparación de las víctimas.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Gustavo Patiño
A pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP decidió priorizar, en el marco del subcaso Huila del Caso 3. “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”. Los hechos victimizantes ocurridos entre 2005 y 2008, los mal llamados Falsos Positivos venían ocurriendo en el territorio huilense desde marzo del año 1984. Así lo dio a conocer ayer a medios de comunicación el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli Ortega. En una rueda de prensa sobre las audiencias de reconocimiento por parte de los militares comparecientes ante el órgano de justicia transicional. Creado por los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
“El objetivo central de esta audiencia es escuchar el reconocimiento de 74 comparecientes, entre ellos 28 máximos responsables. 46 no máximos responsables, sobre la comisión de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Huila y ocho casos de sobrevivientes. En esta audiencia van a participar también 140 víctimas. Se espera que los militares admitan públicamente su participación en los hechos. A su vez las víctimas puedan expresar sus sentimientos, sus inquietudes, sus reclamos de verdad . Y los comparecientes, al final de la audiencia que va a durar tres días puedan hacer algún tipo de propuesta concreta para resarcir los daños perpetrados contra las víctimas”, aseguró Ramelli Ortega.
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‘La JEP continuó escalando’
Como lo contó el funcionario del órgano de justicia transitoria, en el marco de la investigación por estos asesinatos de civiles presentados como bajas en combate, la Fiscalía como ente acusador de la justicia ordinaria, logró ante jueces de la república un total de 15 condenas, solamente contra actores materiales, es decir, soldados y suboficiales, #de esta manera la JEP sigue ascendiendo en la cadena de mando hasta llegar a comandantes de compañías, de batallón y hasta comandantes de la Novena Brigada, que tiene en su jurisdicción el departamento del Huila”.
Dentro de los 28 máximos responsables que reconocieron la responsabilidad se encuentran dos coroneles, nueve tenientes coronel, cinco mayores, tres capitanes, seis suboficiales ( entre estos cinco sargentos y un cabo), además de cuatro soldados, “en el proceso hubo seis comparecientes que no reconocieron su responsabilidad, estos fueron Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y William Fernando Pérez Laiseica, quienes durante el periodos priorizado, es decir entre el 2005 y el 2008, fueron comandantes de la Novena Brigada; Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quienes eran comandantes del Batallón de Infantería Número 27 Magdalena; y Fernando Moncayo Guancha, quien era el jefe de operaciones del Batallón de infantería Número 26 Cacique Pigoanza”, agregó el magistrado de la JEP.
Sin apoyo de los ‘paras’
“El caso del Huila es muy importante por varias razones, primero porque si bien no es el departamento con más casos de ejecuciones extrajudiciales, sí tiene un número importante y quizá también había pasado un poco desapercibido frente a otros departamentos, entonces por eso es tan importante conocer qué sucedió concretamente en el Huila pues la ciudadanía era más consciente de otro tipo de victimizaciones, principalmente imputables a las Farc”, señaló Ramelli Ortega.
Indicó que una de las particularidades de los casos ocurridos en el Huila es que al no haber un bloque paramilitar, como sucedió en otras regiones, los militares se encargaron de planear, ejecutar y ocultar los hechos victimizantes, “este caso inicia con los informes que entregaron las víctimas, entre ellas el OBSURDH, donde alertaban precisamente de la situación, pero dentro del radar de la Corte Penal Internacional como en las ONG’s internacionales, el Huila sí era uno de los departamentos que presentaba un número importante de hechos».
«Comenzamos entonces y advertimos que incluso desde el 2 de marzo del año 1984 se registra el primer caso de una ejecución extrajudicial en el Huila y la última que tenemos es del 4 de marzo del 2012, es decir que a pesar de que el periodo que es investigado por nosotros es desde el 2005 hasta el 2008, el fenómeno venía sucediendo desde los años ochenta”. En esos 28 años, ocurrieron un total de 157 hechos, con 307 víctimas y 692 personas, o presuntos victimarios, que aparecen relacionadas con los hechos.
Huila esclareció Dabeiba
El magistrado señaló que, gracias a las indagaciones del subcaso Huila, fue que la JEP logró conectar con horrores que ocurrieron en Dabeiba Antioquia, “esa relación fue un poco coincidencial, porque cuando estábamos investigando los casos de ejecuciones extrajudiciales, concretamente en el batallón magdalena, varios de los comparecientes nos referían a un suboficial que había sido trasladado desde Dabeiba, Antioquia, hasta el Huila y que esta persona es la que les venía enseñando la forma de cometer los delitos y de encubrirlos y fue gracias a la información que recibimos en el Huila, que logramos encontrar todos los horrores que sucedieron en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba”, señaló y agregó que, en síntesis, las formas de operar, fueron ‘importadas’ desde el Urabá antioqueño.
Los tres patrones
En el marco de la investigación por los mal llamados falsos positivos, la JEP encontró tres patrones o modus operandi que desarrollaban los efectivos: el patrón de estigmatización, en el que personas de municipios y zonas rurales eran señaladas como auxiliadores, milicianos de la guerrilla o simplemente eran personas que habían cometido algún delito; el patrón de vulnerabilidad, en el que personas discapacitadas, habitantes de calle o con alguna situación de vulnerabilidad; y el tercer patrón que es el de falsas operaciones contra delincuencia común.
En el departamento del Huila ocurrieron 58, 16 y 34, respectivamente. Mientras que por desaparición forzada hubo un total de 32 casos. Por su parte, en el periodo investigado, es decir entre 1984 y 2012, hubo 22 víctimas menores de edad (13 del periodo priorizado) y nueve víctimas mujeres (6 en el periodo priorizado). “en cuanto a los menores de edad eran casos en los que estos menores estaban con adultos y se simulaban casos, en los que estos terminaban siendo víctimas”, agregó el magistrado de la JEP.
Las inconsistencias
Otra de las particularidades de los hechos ocurridos en el Huila, es que según la información obtenida en la investigación, para la época priorizada, que fue cuando ocurrieron más homicidios de civiles presentados como bajas en combate, las Farc se habían replegado hasta las partes altas de las cordilleras, pero los combates eran reportados en el valle del Magdalena, “la política de seguridad democrática llevó a un repliegue de las Farc hasta las cordilleras, tanto la oriental como la central, allí ubican sus campamentos, sin embargo los combates se daban en la zona rivereña, entonces la pregunta es por qé si los campamentos están arriba los combates se dieron abajo, entonces un poco la explicación que daban era que eran milicianos o delincuencia común, entonces uno investigaba y veía que las víctimas no eran ni milicianos ni delincuencia común ¿entonces a quién estaban combatiendo?”, agregó Ramelli Ortega.
Dos percepciones del conflicto
“Otra cuestión de análisis en el Auto es la percepción que tenían los que estaban patrullando y los altos mandos y eran completamente distintas, los que estaban en territorio decían ‘¿pero aquí dónde está la guerrilla realmente?’ y los de arriba decían ‘están por todas partes’, además que tenemos que ubicarnos en el periodo priorizado, no estamos hablando del Huila con las grandes tomas guerrilleras, ni del caso Miraflores, no estamos hablando de esa época, estamos hablando de finales del 2005, 2006, 2007, ya es otra época, no es la zona de distención, no existían combates reales como en otros departamentos como Meta o Guaviare, entonces por qué la exigencia de resultados que en otros departamentos donde había más enfrentamientos, entonces yo creo que en últimas, esa es la explicación que pasó”, finalizó el magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz.
