Ante intimidaciones dirigidas a los padres de familia de los niños ‘reclutados’ por parte de las disidencias de las Farc, estos no denunciarían. Los ‘armados’, les indicarían que si declaran, se los entregan en una ‘bolsa’ y si no lo hacen van a volverlos a ver.
También, es importante que se active la prevención, y sería importante que los funcionarios gubernamentales, lleguen a los territorios y conozcan las difíciles situaciones que los afectan y no se queden detrás de los ‘escritorios’.
Casos en aumento
En relación a esta compleja situación de reclutamiento de menores, que se viene registrando en el Huila, hay instituciones del Estado, como la Policía y Ejército, quienes estarían colocando en duda los casos, debido a que no existen las respectivas denuncias.
Al respecto, Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, manifestó: “los líderes de Derechos Humanos, que estamos haciendo el acompañamiento en los territorios, sabemos que sí se vienen dando los reclutamientos de menores en el Huila”.
“Hemos hablado con personeros de los municipios, que han tenido problemas por denunciar esta clase de situaciones. Son cerca de 15 casos de reclutamiento, los presentados en lo que va del 2024”, añadió la vocera.
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No denuncian por amenazas
Y como ya lo han mencionado, los representantes de las víctimas, los padres de familia afectados por este repudiable hecho, no denuncian por intimidaciones realizadas por los actores armados, principalmente disidencias.
“Es importante que el Gobierno Departamental, el ICBF, y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conozcan estas situaciones, porque todo se está viendo ‘maquillado”, destacó Edna Pinto.
En este sentido, hubo ocho casos denunciados en 2023, pero habría un subregistro por el argumento expuesto y la falta de garantías.
Ruta de atención a víctimas con fallas
Entre los municipios con esta problemática, se encuentran: Saladoblanco, Elías, San Agustín, Oporarapa, Pitalito, Isnos, Íquira, Tesalia, Campoalegre y La Plata.
“Las víctimas en los territorios, nos indican que las garantías para denunciar, no se están dando, que incluso llegan a los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas y tardan en recibirles la declaración. No es una ruta inmediata como debería ser, y tampoco les están entregando las ayudas”, agregó la Coordinadora
Al parecer, no han contratado el operador para que entregue los auxilios, y hay procesos contractuales demasiado lentos. “Necesitamos que las psicólogas encargadas de realizar estos acompañamientos a las madres, estén, porque no les podemos decir a ellas, vengan dentro de tres o cuatro meses por la asistencia. Esto es de inmediato”, destacó Rocío Pinto.
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¡El miedo a denunciar!
Por su parte, Johana Rojas, defensora del Pueblo seccional-Huila, manifestó: “desde la entidad generamos los escenarios de advertencia, sobre situaciones de riesgo que día a día, asumen las personas en el territorio, por cuenta de los grupos armados con sus hechos victimizantes, como por ejemplo el reclutamiento forzado, desplazamiento, extorsión y normas de conducta que han querido imponer. Ha sido una situación muy compleja”.
El reclutamiento forzado, está presente, pero no hay denuncias por las razones anteriores expuestas.
“Sin embargo, las comisiones intersectoriales para las respuestas a las alertas tempranas se encuentran en todos los territorios, para llamar la atención de la institucionalidad y mitigar el riesgo. No solamente el fenómeno de reclutamiento, está dándose en el territorio, sino hechos victimizantes, cuya denuncia no se produce debido al miedo generalizado, que tienen los perjudicados, a declarar contra sus victimarios y continuar en los territorios donde ellos hacen presencia”, agregó la funcionaria.
Asimismo, la Fiscalía, indicó que la comunidad tiene miedo a denunciar. “Hay temor por parte de la comunidad y eso lo hemos estudiado incluso con el delito de extorsión, por ende invitamos a la ciudadanía para que confíen en nosotros y así investigar los casos”, agregó el funcionario.
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Las denuncias instauradas en 2023
En este sentido, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, indicó. “Se han registrado seis denuncias en el año 2023 y frente a este caso, dos fiscales de la unidad especializada, se encuentran investigando los hechos, con el propósito de establecer, si el delito de reclutamiento, existió, y en caso tal que se demuestre desde el punto de vista probatorio, conocer quiénes serían los autores o participes”.
Hasta el momento, los investigadores se concentran en el esclarecimiento de los hechos.
Y es que según la estudiante de la Universidad Externado, Paula Andrea Ramírez, en su trabajo denominado: El reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano. Aproximación al crimen de guerra, señala: “el reclutamiento de menores en Colombia, constituye un crimen de guerra contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de innegable gravedad por la naturaleza de los derechos que resultan afectados con su comisión”.
La penalista, agrega que a los menores se les anula la dignidad y garantías fundamentales, al obligarlos a participar en conflictos armados, en los que son los ‘blancos’ más fáciles en los enfrentamientos armados.
Corroboraron las denuncias
En el seguimiento que hace la Procuraduría General de la Nación a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad, por parte de grupos armados organizados al margen de la ley, en su visita al departamento de Caquetá, el ente de control confirmó la grave situación de riesgo a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, en varios de sus municipios.
En este sentido, los actores armados ilegales que con mayor frecuencia habrían recurrido a esta práctica, fueron las facciones disidentes de las Farc (91,1%), el ELN (7%), otros (1,3%) y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (0,6%). Así lo explica el defensor Carlos Camargo.
No más entre 2018 y 2023, la Defensoría del Pueblo, emitió 299 Alertas Tempranas, de las cuales 251 advirtieron sobre el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad.
Dado que en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, identificó los mayores riesgos de reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca.
Indígenas afectados por los ‘armados’
Además, “persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75% de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De los casos reportados a la entidad, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3%, a niñas y adolescentes, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.
Y las facciones disidentes de las Farc registran el mayor número de casos (con el 91,1%), les siguen el ELN (7%), otro (1,3%) y los grupos posdesmovilización AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros (0,6%).
Ya para finalizar, la institución garante de los derechos humanos le reitera a la ‘Ciprunna’ la necesidad de impulsar una efectiva implementación de la Línea de Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. “A la institucionalidad, le solicitamos fortalecer los entornos protectores y generar estrategias que permitan prevenir esta grave violación a los derechos humanos”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
