Aunque las fuerzas de seguridad han capturado a miles de pandilleros a los que atribuyen la mayoría de los crímenes que se comenten en El Salvador, una organización no gubernamental denunció el lunes que persiste el desplazamiento forzado interno y responsabilizó a esos grupos criminales.
La abogada Rina Montti, directora de Investigación de Derechos Humanos de la organización Cristosal, aseguró que, “El régimen (de excepción) no ha parado el desplazamiento forzado interno por violencia de pandillas”.
De esta manera, dijo que desde que inició el régimen de excepción el 27 de marzo han documentado 85 personas en situación de desplazamiento forzado interno y que más del 80% están reportando que el detonante principal fue cometido por miembros de las pandillas, lo que demuestra que parte del accionar de estos grupos sigue activo. De éstos, 50 casos son de mujeres y 35 hombres y en el desglose por edades 34 son menores.
De ahí que, las razones del desplazamiento son, entre otras, las amenazas de las pandillas, el homicidio de algún familiar, la extorsión y la violencia por orientación o identidad sexual. Según la abogada al menos el 40% de las personas desplazadas apuestan por emigrar. Los salvadoreños que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos son la minoría, ya que en muchas ocasiones se quedan en México. Se estima que unos 300 salvadoreños salen del país todos los días.
Ahora bien, el Congreso aprobó el estado de excepción después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en el país, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en varios años. La medida limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a que se le informen debidamente sus derechos y razones de arresto, así como la asistencia de un abogado. También amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.
Asimismo, también se reformó el Código Penal para que las pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían recibir condenas de 40 a 45 años de cárcel.
Desde que se aprobó el régimen de excepción las fuerzas de seguridad han informado la captura de 41.345 presuntos pandilleros en un país de sólo 6,5 millones de habitantes. Según la información oficial, los jueces han ordenado la detención preventiva de más de 31.000 personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupación ilícita o colaboración con pandillas. En las audiencias, que en su mayoría son virtuales, los jueces revisan los casos de entre 50 y a veces más de 500 detenidos a la vez.
Además, se informó que, del 27 de marzo al 13 de junio, dentro del régimen de excepción decretado por el Congreso, han recibido denuncias por violaciones a los derechos humanos de 2.077 personas. Según el reporte, el 86,3% son hombres y el 11,9% mujeres y la mayoría de los afectados se ubican entre los 18 y 30 años.
En consecuencia, organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Las llamadas maras o pandillas, que se estima que tienen unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se nieguen a pagar, según las autoridades.
Por último, en agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y a la pandilla Barrio 18. La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.
