No dejamos de ser un país de la fatalidad y en medio de todo, aún nos quedan posibilidades de sobrevivir, por un lado, a ese lado oscuro del panorama de las incertidumbres que cada día crece más y más, cuando hemos pasado por alto los conceptos mínimos de respeto al otro, de dignidad, de orgullo y de humildad, de competencia y funcionalidad. Todo lo enmarcamos en la fórmula mágica que represente un interés o una ganancia frente al otro. En tanto la justicia como mecanismo de protección y de garantía ciudadana, no llega, y se complace en la impunidad, en el crimen y en el delito y sobreviven gracias a ellos, para perpetuarse en la mediocridad y en la obsolescencia.

Se dice por los conocedores que nuestros gobiernos tuvieron que flaquear ante la banca mundial, cuando se les advirtió la necesidad de implementar en Colombia, un sistema de seguridad en salud, que hoy abarca una gran parte de la población colombiana sin recursos económicos para hacer aportes a los emporios económicos que sostienen los gobiernos, como son la E.P.S., entre otras, y a donde, como sucede siempre, se suben al bus, lo que no tienen derecho a ella y se benefician, como se denunciaba hace poco, hasta para beneficios de cirugías estéticas, paseos vacacionales y demás, todo lo cual, la ha convertido en un servicio que se dilata y se entorpece, como fruto del carnaval de la corrupción y de la politiquería, ya que los recursos para la atención y para el control de los beneficiarios está con destinación específica y hay muchos funcionarios que vegetan bajo su sombra, sin ofrecer el servicio pronto, inmediato y urgente que se requiere.

Amén de lo anterior, alguien comentaba que ese imperativo de haber establecido el servicio del SISBEN, no fue parte de una política institucionalizada por nuestros gobernantes, sino que fue fruto de una imposición internacional de la banca mundial, como un requisito para la viabilidad de préstamos internacionales, donde jocosamente se advierte que se le dijo a los gobernantes: de estos recursos obligatoriamente deben destinar a ese servicio de salud un determinado porcentaje que si mal no recuerdo, esta entre el 14 y 17 por ciento, y que el excedente, hagan con ellos, lo que saben hacer: corrupción, dilapidación y fraude.

Todo este conjunto de circunstancias y de anécdotas que se suman a esa forma como los medios de comunicación saben sacar provecho para beneficio particular y de unos pocos, ha terminado por ser la base con la cual se dice que se construye ciudadanía, se dice que se protege la inversión social, mientras los elefantes blancos pululan y crecen y las regalías o los contratos no llegan a ningún fin, salvo pequeñas excepciones, con sobrecostos y especialmente con beneficios para unos pocos, no así para las grandes comunidades.

Pero siempre nos hemos acostumbrado a lo que quede, al tejemaneje de ese entramado de la corrupción disfrazada de servicio social, pues que otro sentido o que otras explicación podemos dar, al fenómeno de los setenta mil millones conocidos hoy en día, por supuestamente ofrecer internet a ciertos sectores escolares de la geografía colombiana, que en el mañana, léase muy bien, en el mañana ha de representar un gran descalabro económico al gobierno con las demandas que se nos vienen encima por la declaratoria acelerada de una caducidad contractual, antes de garantizar la solidez de la información y la ritualidad procesal colombiana.

Cuando parece que el efecto de la pandemia alcanza un punto de equilibrio y que la economía y las formas de gobierno hacen alarde de un éxito que no se corresponde, es cuando es necesario que busquemos replantear la necesidad de que el servicio de salud sea un imperativo legal, esté a cargo del Estado, sin excepciones y todos los colombianos puedan disfrutar de un sistema que debe caracterizarse por el humanismo, por la transparencia y por la destinación de sus propios recursos en procesos de investigación, de creación de elementos mínimos para proyectar el bienestar colectivo, que no hemos tenido y que bajo la égida de la corrupción se ha encargado de enriquecer a los más ricos y abandonar a los más pobres, en un ciclo de inoperancia, de marginalidad, y de abandono como sucede con quienes tenemos fuera de pagar una cuota mensual, por separado estar comprando los medicamentos o buscando médicos particulares por las EPS, se encargaron de negarnos hasta la droga a quienes con morbilidades o antecedentes coronarios, requieren un tratamiento adecuado al mínimo vital que la misma sociedad debe ofrecernos