El Tribunal Administrativo del Huila le dio la razón a la comunidad. La orden se cumplió por la Alcaldía de Gigante.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
Por: Carlos Andrés Pérez Trujillo
Una escena de bastante tensión se registró hace unos días en uno de los sectores más concurridos de Gigante: el barrio Mirthayú.
La alcaldía ejecutó una orden judicial emanada del Tribunal Administrativo del Huila que buscaba devolverle a la comunidad (habitantes de este barrio) un lote denominado “Parqueadero No. 15”.
Cuando se llegó la maquinaria del municipio al demoler una construcción, algunos habitantes de la comunidad se opusieron, argumentando que eso afectaba al barrio. Sin embargo, se le dio la razón a quienes hace unos años interpusieron una acción popular.
El proceso judicial
De acuerdo con información oficial, este predio había sido cedido al municipio de Gigante mediante escritura pública en 1988. Pese a esto, a comienzos del año 2010 el predio fue ocupado por terceros de mala fe, quienes realizaron actos posesorios y pretendieron legalizar la posesión.
Según se relata en la demanda “los actores han reclamado a la administración municipal de Gigante poder ejercer libremente y en condiciones de igualdad con relación a sus vecinos el derecho al uso y goce del parqueadero No. 15, como beneficiarios de una unidad habitacional del Barrio Mirthayú”.
En 2010 los interesados enviaron una petición a la alcaldía, quienes le respondieron que ese mismo año que “el predio ubicado en la carrera 10 con calle 3 esquina suroccidental, forma parte de los predios cedidos al Municipio por parte del Plan de Vivienda Mirthayú”.
Para el año 2012 la señora Vicenta Sánchez le pidió a la alcaldía le explicara cual era la situación jurídica del predio, en razón a que la señora Rosa María Tovar Chávarro mediante sentencia judicial en 1991 adquirió un predio contiguo y pretendía, por vía notarial, realizar actuaciones sobre el predio en cuestión.
Lo cierto fue que para 2013 el municipio mediante Resolución No. 022 revocó una licencia de construcción a la señora Tovar por haber inconsistencias en el área del predio. Ese mismo año hubo intento de realizar una obra civil, pero la Policía los detuvo. Es más, en el 2015 hasta una queja disciplinaria le instauraron al alcalde del momento por no responder oportunamente una petición.
Por medio del oficio 048 del 21 de febrero de 2017, la Personera Municipal solicitó a la alcaldía de Gigante impulsar el proceso policivo de restitución de bien de uso público contenido en la Resolución 141 del 13 de marzo de 2014.
Se ubica el terreno
Por medio de la Resolución No. 407 del 24 de julio de 2017, la alcaldía revocó la Resolución No. 261 del 15 de mayo de 2017 y ordenó a planeación municipal el levantamiento topográfico con los respectivos planos del bien cedido al municipio.
Más adelante, en 2017, se le pidió a la Alcaldía que realizara el cerramiento del Parqueadero No. 15, además, se le compulsaron copias a la Fiscalía para que investigara. Ese mismo año la alcaldía indicó que en ese predio no se adelantaba ninguna construcción.
Lo que manifestaron los implicados
Ante la acción popular de la comunidad, la alcaldía de Gigante se defendió advirtiendo que el inmueble causante de la polémica era ocupado por un habitante del barrio Mirthayu, quien además había construido sobre una parte del inmueble.
Para la Administración Municipal es claro que habían hecho los trámites administrativos necesarios para restituir este bien inmueble, entre ellos: suspender licencia de construcción, iniciar un proceso de restitución de bien de uso público, y resolver el proceso de restitución contra el señor Silvano Mosquera Chambo.
Por su parte, el representante del señor Mosquera indicó que no existía vulneración o amenaza a los derechos colectivos, “toda vez que el señor Silvano Mosquera Chambo no es el tenedor del bien, sino el propietario del predio”. Además indicó que “razón por la cual se pretende la satisfacción de un interés subjetivo al reclamar derechos sobre un predio particular, el cual a la fecha pertenece a la señora Ersy Montealegre Peña, quien lo adquirió por contrato de compraventa, según la escritura pública No. 450 del 10 de junio de 2019, que fue registrada en el certificado de tradición No. 202-61191”.
La decisión del Tribunal
La primera decisión judicial de este pleito se dio en el 2020 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva, entonces el despacho declaró vulnerado el derecho e interés colectivo al goce del espacio público, por la ocupación por parte de particulares del espacio público comprendido por el predio denominado “predio urbano Parqueadero Número Quince (15) loteo Mirthayu”.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Huila, estuvo de acuerdo con la primera instancia, y ordenó al municipio de Gigante realizar todas las actuaciones tendientes a la protección del inmueble, pese a que a través de los años los propietarios del Lote B han realizado construcciones sobre el bien fiscal, “con el mismo permiso de la Alcaldía al proferir las licencias de construcción, sin el debido estudio del área de los inmuebles”.
“Si bien la señora Ersy Montealegre Urueña resulta ser una compradora de buena fe en relación con el predio denominado Lote B, tal circunstancia no le otorga derecho o permiso de edificar sobre un bien fiscal. Si existe un error en los linderos del bien, como se precisó en el informe del 11 de abril de 2018, dicha equivocación de la administración en registrar mal las medidas de dicho inmueble, no genera per se derecho alguno sobre los predios circunvecinos”, concluyó el Tribunal.
Algunos hechos relevantes
El 11 de abril de 2018 la alcaldía municipal realizó el estudio topográfico sobre el bien objeto de litigio, en el cual aclaró que el Parqueadero número 15. Tenía una extensión de 163,30 m² con medidas exactas y reales en campo cotejados con planos y linderos.
El 8 de agosto de 2018, la comunidad solicitó al municipio de Gigante cumplir con lo establecido en la Resolución No. 141 del 13 de marzo de 2014. Mediante el Oficio No. SG-398 del 3 de septiembre de 2018, el alcalde del municipio de Gigante dio respuesta a la anterior petición, en el sentido de señalar que no era posible efectuar la restitución del bien de uso público, toda vez que la operación administrativa resultaría gravosa para los intereses de la comunidad del barrio Mirthayú, debido a que se debía empezar a evaluar el estado actual de todas las sesiones que en su época realizó la junta central de Provivienda obrera número 2 y que existía una Escritura Pública a favor del señor Silvano Mosquera, en la que se afectaba el bien cuestionado.
A comienzos del año 2010 el anterior predio fue ocupado por terceros de mala fe, quienes realizaron actos posesorios y pretendieron legalizar la posesión.
