Según Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana.
Colombia se encuentra al borde de un proceso sancionatorio después de que las sentencias y decisiones de las autoridades estadounidenses con respecto al Grupo Aval y Corficolombiana en el caso de sobornos de Odebrecht se materialicen en aproximadamente un mes. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, estima que estas decisiones serán esenciales para el inicio de un proceso legal en Colombia.
La gravedad de las acusaciones y la importancia económica que estas implican para el país han llevado a la solicitud formal de iniciar el proceso legal a través de las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Marta Lucía Zamora subrayó la urgencia de este proceso, destacando el potencial de sanciones que podrían resultar en la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado.
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La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos multó a Grupo Aval y Corficolombiana después de que estas empresas admitieran haber pagado sobornos en Colombia para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial en la Ruta del Sol II. La respuesta de Colombia incluye la búsqueda de sanciones administrativas a través de las autoridades locales.
Zamora señaló la importancia de la legislación colombiana para seguir las decisiones tomadas en el extranjero y destacó que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene la responsabilidad de solicitar la inhabilidad resultante de estas decisiones para la terminación de los contratos de estas empresas con el Estado por corrupción.
Las implicaciones para Grupo Aval y Corficolombiana podrían ser graves, ya que si son sancionadas, estas compañías quedarían permanentemente inhabilitadas para contratar con el Estado. Zamora recordó que a nivel internacional, los actos de corrupción y soborno conllevan sanciones significativas y consecuencias duraderas.
La directora de la Agencia también resaltó que las pruebas judiciales provenientes de autoridades extranjeras tienen validez en la justicia colombiana, lo que permite que las sentencias y decisiones en el extranjero sean consideradas como pruebas legales en el país.
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