Un fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón, Huila, ordenó a ENEL Colombia garantizar el transporte fluvial para los estudiantes de la vereda La Cañada, en el municipio de Agrado. La sentencia responde a una acción de tutela presentada por la líder social Martha Isabel Ortiz, quien denunció la afectación de la conectividad fluvial debido a la operación del embalse El Quimbo.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Por: María Camila Mosquera M.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón, Huila, emitió una sentencia favorable en la acción de tutela presentada por Martha Isabel Ortiz, líder social de la vereda La Cañada, en el municipio de Agrado. La acción, interpuesta contra ENEL Colombia y otras entidades, demandaba la garantía de transporte fluvial para los estudiantes de la comunidad, afectados por la disminución de la conectividad en el río Magdalena debido al impacto del embalse de la hidroeléctrica El Quimbo.
La problemática surgió a raíz de las dificultades que enfrentan los habitantes de la vereda La Cañada, quienes dependen del servicio de lancha para conectarse con el resto del municipio y acceder a servicios esenciales, como la educación. La sedimentación y fluctuación de caudales en el río, agravados por el embalse operado por ENEL Colombia, han hecho que el transporte fluvial sea insuficiente e ineficiente, dejando a la población estudiantil en una situación de vulnerabilidad. Esta situación afecta a 73 estudiantes de la vereda, quienes diariamente deben desplazarse a instituciones educativas en Agrado y municipios vecinos.
Desde 2015, la comunidad ha venido luchando por obtener una solución definitiva a esta problemática. En el marco de un acuerdo interinstitucional, ENEL Colombia entregó inicialmente una lancha para facilitar el transporte. No obstante, la alta demanda y las condiciones variables del río han hecho que el servicio sea insuficiente, lo que genera riesgos para los menores que deben sortear estas dificultades diariamente para acceder a sus clases. En abril de 2024, se realizaron reuniones entre la empresa y autoridades locales para buscar alternativas, pero las propuestas, incluyendo la construcción de un teleférico, no fueron aceptadas por la comunidad debido a su inviabilidad y falta de consenso.
Respuesta de las entidades involucradas
En respuesta a la acción de tutela, ENEL Colombia argumentó que había ofrecido soluciones para garantizar los derechos de la comunidad, destacando sus esfuerzos por proponer alternativas de transporte. Sin embargo, señaló que las opciones no fueron aceptadas por los habitantes de La Cañada. La compañía insistió en que no estaba obligada a proveer el servicio de transporte fluvial de forma permanente, argumentando que las comunidades afectadas no estaban directamente vinculadas con el impacto del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Por otro lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sostuvo que, conforme a la Resolución 1965 de 2023, ENEL Colombia debía coordinar con la comunidad la implementación de un programa de manejo para asegurar la conectividad fluvial, priorizando la movilidad de los estudiantes. La ANLA realizó inspecciones y determinó que la sedimentación y fluctuación del río eran factores que limitaban el desplazamiento, instando a ENEL a cumplir con las disposiciones ambientales impuestas en la licencia del proyecto hidroeléctrico.
Decisión judicial
El juez Hernán Darío Narváez Ipuz resolvió a favor de la comunidad y amparó el derecho fundamental a la educación de los menores residentes en La Cañada. En su fallo, ordenó a ENEL Colombia que, en el término de ocho días, garantice el transporte fluvial para la población escolar afectada, asegurando así la conectividad necesaria para que los estudiantes puedan asistir a sus escuelas sin interrupciones. La sentencia argumenta que la falta de transporte seguro y eficiente vulnera los derechos de los niños a una educación accesible, un componente protegido por la Constitución colombiana.
Además, el fallo ordena a la ANLA realizar un control y seguimiento exhaustivo para verificar el cumplimiento de esta disposición. La entidad deberá imponer medidas adicionales si se evidencian incumplimientos por parte de la empresa multinacional, asegurando así la implementación efectiva de las medidas ambientales y sociales necesarias para solucionar esta problemática de larga data.
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Implicaciones para la comunidad y la empresa
La decisión del juzgado sienta un precedente importante respecto a la responsabilidad de las empresas en la mitigación de los impactos ambientales derivados de sus proyectos. A lo largo de los años, la comunidad de La Cañada ha enfrentado dificultades para acceder a servicios básicos debido a la alteración del entorno natural del río, exacerbada por la operación de la hidroeléctrica El Quimbo. Esta situación ha afectado no solo la educación de los niños, sino también la economía local, dado que el transporte fluvial es esencial para el comercio y la movilidad en esta región rural del Huila.
Para ENEL Colombia, el fallo representa una obligación clara de atender las demandas de la comunidad y cumplir con los términos establecidos por las autoridades ambientales. La empresa deberá asumir la responsabilidad de facilitar la conectividad fluvial, al tiempo que se enfrenta a la supervisión estricta de la ANLA, que busca garantizar la implementación de soluciones sostenibles y efectivas. Esta sentencia destaca la importancia de la cooperación entre las empresas privadas y las comunidades para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos fundamentales.
La educación, un derecho prioritario
La sentencia subraya la importancia de la accesibilidad como componente esencial del derecho a la educación, conforme a lo establecido en la Constitución colombiana y ratificado por la Corte Constitucional. En su fallo, el juez recordó que es responsabilidad del Estado, la sociedad y las empresas garantizar que los menores en zonas rurales tengan acceso a la educación sin enfrentar barreras adicionales. El derecho a la educación debe ser protegido de manera efectiva, asegurando que los estudiantes de áreas rurales no se vean en desventaja frente a sus pares urbanos.
La Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la educación comprende no solo la provisión de instituciones educativas, sino también la garantía de acceso seguro y equitativo a estas, eliminando las barreras económicas, geográficas y sociales. Por tanto, el fallo del juzgado en Garzón reafirma la obligación de ENEL Colombia de cumplir con las disposiciones de la licencia ambiental, asegurando la conectividad fluvial como parte del derecho a la educación de los niños y niñas de La Cañada.
La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón es un triunfo para la comunidad de La Cañada, que durante años ha luchado por obtener una solución a la problemática del transporte fluvial. La sentencia ordena a ENEL Colombia actuar de manera inmediata para garantizar que los niños puedan desplazarse de manera segura a sus escuelas, asegurando así su derecho fundamental a la educación. Este caso resalta la necesidad de que las empresas consideren el impacto social y ambiental de sus operaciones y trabajen en conjunto con las comunidades para mitigar los efectos negativos de sus proyectos.
Se espera que ENEL cumpla con lo ordenado y solucione de manera definitiva la problemática de conectividad fluvial que ha afectado por años a la comunidad de La Cañada, asegurando así el derecho a la educación y contribuyendo a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de esta región del Huila.
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