A la Corte Suprema de Justicia tampoco le cayó nada bien la iniciativa que busca que una nueva instancia se la responsable de juzgar grandes casos de corrupción en Colombia.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Cabe señalar que los primeros en oponerse fueron la Fiscalía General de la Nación y el ministerio de Justicia quienes indicaron que esto sería como una “puñalada a la justicia” en Colombia.
La iniciativa la presentaron este jueves el Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación, que sugirieron seguir las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por Naciones Unidas para investigar casos de corrupción.
Se trata de una iniciativa de 71 artículos que, generaró mucha polémica pues crearía una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia con más magistrados de los que ya tiene el alto tribunal. Además, abre la puerta para que se cree en Colombia una comisión anticorrupción de Naciones Unidas como la que encabezó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Guatemala.
Pero ojo que la creación de la sala no sería el único cambio pues, las organizaciones que presentaron el proyecto indicaron que Congreso tendría que hacer reformas constitucionales.
Lo que preocupa es que el borrador del acuerdo que tendría que firmar el presidente de los colombianos Gustavo Petro con la ONU ya está listo, sin embargo, el ministro de Justicia Néstor Osuna indicó que esto sería “enredar los procesos” por lo que parece que para el Gobierno nacional tampoco pinta bien dicho proyecto.
“Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se le ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción, como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, fueron las palabras del fiscal Francisco Barbosa.
Afirmó además que hay que acabar con la idea de convertir a Colombia en un país donde los extranjeros manipulan los expedientes “no se puede permitir que se acabe la justicia en Colombia con esas acciones malintencionadas”, reforzó.
A quienes sí les interesa
Frente al tema se refirió Michel Levien González, director del Instituto Anticorrupción quién estaría detrás de que el proyecto sea radicado en el Congreso con ayuda del senador Ariel Ávila “lo que estamos haciendo es reclutar a más congresistas para que nos ayuden a presentarlo”, dijo Levien González.
El director del Instituto Anticorrupción recordó que Colombia no es un Estado fallido, pero manifestó que no se puede obtener resultados contra este fenómeno con las mismas herramientas con las que se ha luchado históricamente.
El gobierno dice no
“Nosotros no creemos que la sala anticorrupción sea la barita mágica para acabar con la corrupción en Colombia. Eso sería ingenuo. Lo que sí creemos que es el símbolo que Colombia y Latinoamérica necesitan para demostrar que a los estados les importa su problema de corrupción”, explicó.
Por su lado, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, manifestó que el Gobierno nacional conoce el proyecto, pero no ha habido una discusión de fondo sobre el mismo. Agregó que, de presentarse al Congreso, será el Legislativo el que discutiría su conveniencia.
“El Gobierno no está apoyando el proyecto, conocimos la iniciativa, pero ni siquiera alcanzamos a hacer un estudio jurídico acucioso para analizar lo que contiene. Lo más importante, en la agenda legislativa, es trabajar en las reformas que avanzan en el Congreso. En cualquier iniciativa, venga de donde venga, tiene que garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, el derecho a la libertad”, manifestó.
Ayer, el ministro de Justicia utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar que “una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso”.
Según el jefe de esta cartera, lo que se debe hacer en Colombia es fortalecer las instituciones que ya hay, más no crear una adicional “dotarlas de herramientas más eficaces, que les permitan resolver más casos de corrupción con severidad y prontitud”.
Finalmente, Osuna sostuvo que, en caso de aprobarse esta propuesta, faltarían cerca de tres años para ponerse en marcha pues es una iniciativa que necesita una construcción mucho más consolidada.
Destacado: “El Gobierno no está apoyando el proyecto, conocimos la iniciativa, pero ni siquiera alcanzamos a hacer un estudio jurídico acucioso para analizar lo que contiene”.
