AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Con gran preocupación la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ha rechazado la filtración de una audiencia en un proceso penal que se adelanta en esa Corporación, buscando luchar contra la corrupción generalizada que vivimos en Colombia, patrocinada por los medios de comunicación y el afán sistemático de romper el equilibrio en la balanza de la justicia.
Lo trascendente de dicha filtración no es el hecho de que bajo el lema de una presunta libertad de prensa y de expresión, tenga cabida la divulgación contrariando las normas jurídicas que nos rigen sobre reserva del sumario de todo cuanto tiene que ver con circunstancias de tiempo, modo, lugar y especialmente de los sujetos o personas que deben ser investigadas cuando han transgredido el ordenamiento jurídico, sino que hace que esta situación salga de cualquier despacho judicial, más aún de una de las instituciones con las que mayor celo y seguridad deben contener los procesos que se ventilan dentro de su corporación.
La libertad de prensa es un derecho sagrado que no puede coexistir con el delito y mucho menos, servir de fuente de información para que todo cuanto tiene que ver con la investigación y con la proyección de los asuntos y aspectos que deben consolidarse con el proceso probatorio interno a cargo de los funcionarios judiciales, sea colocado de frente a la opinión pública, antes de que se adopten decisiones de fondo y se desenmascaren a sus verdaderos autores o cómplices de los delitos que se investigan.
Nuestro país ha mirado complacido como se viola la ley, como se hacen públicas expresiones y manifestaciones en contra de los ciudadanos por los medios de comunicación y bajo el presupuesto de un derecho a sobrevivir con los medios por parte de quienes ejercen el periodismo, se permita o no se sancione como debe hacerse, a quienes transgreden el ordenamiento jurídico colombiano.
La sensación que aflora detrás de esta clase de espectáculos es tan lamentable dentro del marco interno de la sociedad misma, que observa impasible y se congracia con unos y con otros, generando ese estímulo inusitado y ascendente que se proyecta día a día, de lo que es la polarización revestida de violencia moral y en forma denigrante de unos y de otros, sin importar la búsqueda de una convivencia o de una sana confraternidad con el debido respeto por las instituciones y sus agentes encargados de ellas.
Pero la corrupción y sus tentáculos son aún más atrevidos, más osados y más recalcitrante en la forma y los métodos que algunos medios de comunicación en nuestro país, se han encargado de diseñar y arropándose en preceptos constitucionales, bajo el presupuesto del derecho a estar informado del ciudadano, se llega a realizar este tipo de proyecciones periodísticas, donde no importa la razón de ser y las formas de llegar a lo que tergiversan para presentar como la verdad, que terminan por propiciar el enlodamiento del comportamiento humano y que se viva, lo que muchas veces hemos rechazado, como lo es el hecho de que convirtamos a la Administración de Justicia, en un veredicto orientado y redireccionado por los medios de comunicación, donde el sensacionalismo y la perdida de objetividad, son la base y el contenido de sus propia capacidad de atraer al espectador, al lector o al televidente.
Amarillismo puro, periodismo sin sentido y sin compostura dirá el otro, violación sistemática de la reserva del sumario y violación de la ley, tanto del periodista que difunde como del funcionario que se deja corromper para su divulgación, de hechos y circunstancias que no pueden quedar impunes y que llaman la atención para que todos los procesos judiciales, sin importar la trascendencia de cada hecho criminal que se investigue, permita el trámite adecuado, oportuno e inmediato, sin dar espacio, para que la justicia la ejerzan quienes no están instituidos para ello.
