DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Si bien la empresa ve el negocio con muy buenos ojos, emitió una contrapropuesta para la forma de pago, que ya no sería con acciones, sino con dinero.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien también funge como presidente de la junta directiva de EPM, anunció que tras 20 días de deliberaciones y análisis, ese último organismo tomó la decisión de aceptar la oferta de venta de la participación de la Gobernación de Antioquia en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. No obstante, emitió una contrapropuesta para que la administración departamental reciba dineros corrientes de la empresa, en vez de acciones.
“Vamos a poner unas bancas de inversión, van a hacer una valoración de la participación accionaria de la Gobernación en Hidroituango, y vamos a hacer una oferta, con dineros corrientes, pero no en acciones”, afirmó el mandatario de la capital antioqueña, argumentando que de esta manera se aseguran de que la empresa de servicios públicos mantenga su carácter totalmente público.
No hay que olvidar que, dentro de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, la Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) poseen en conjunto un 52,88 por ciento de participación, que sería la tajada en venta en este momento.
En ese sentido, la propuesta presentada inicialmente por el gobernador encargado, Luis Fernando Suarez, “tiene el objetivo de proteger los recursos públicos y evitar un proceso judicial desgastante”, teniendo en cuenta que contra EPM pesa una demanda por 117.828 millones de pesos, entablada por la administración departamental ante el incumplimiento del hito siete de la obra, que corresponde al “cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse”, que debía darse en marzo de 2018.
Si bien el proceso se encuentra en pausa luego de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negara en segunda instancia la orden de pago una semana antes de que se conociera la oferta de venta de la Gobernación, el mismo se podría reactivar por medio de un Tribunal de Arbitramiento, sumando el incumplimiento a los hitos ocho y nueve del proyecto, que corresponden a la entrada en operación de las unidades cuatro y uno para el 27 de septiembre de 2018 y el 24 de junio de 2019, respectivamente.
Así las cosas, la propuesta buscaba que EPM, dueño del 46,33 por ciento de dicha sociedad, compre a la Gobernación y al Idea el restante de la participación a cambio de convertirles en socios minoritarios. Es decir, una participación en la junta directiva de la misma, con todo lo que ello conlleva en términos de toma de decisiones y retornos.
En palabras de Suarez, “es una propuesta que siempre está orientada a defender el patrimonio público de la Gobernación de Antioquia, del Idea y el propio patrimonio de EPM. Permite seguir estableciendo alianzas en Antioquia sobre la base de fortalecer la presencia de EPM en las distintas regiones del departamento”. Esto, agregó, elimina la demanda, le asegura a la administración departamental el acceso a ingresos por las utilidades que genere la empresa y le garantiza a la organización mantener su carácter 100 por ciento público, con un control mayoritario por parte de la Alcaldía de Medellín.
No obstante, la empresa tiene una visión distinta de cómo podría desarrollarse la negociación, dada a conocer en un comunicado publicado esta tarde:
“La junta concluyó que para la empresa es importante continuar con las mesas de trabajo encargadas del tema, pues consideró de gran interés la posibilidad de que EPM pueda comprar dicha participación. Sin embargo, la junta directiva no vio posible la forma de pago presentada por la Gobernación y planteó que se estudie dentro de las mesas de negociación el pago a través de recursos ordinarios”.
La pelota queda, entonces, en la cancha de la Gobernación antioqueña, que ahora debe responder a la contrapropuesta de la empresa, mientras equipos técnicos, jurídicos y financieros, avanzan en reuniones de trabajo para concretar cómo podrían adelantarse los puntos no monetarios del acuerdo.
Tras 20 días de deliberaciones y análisis, ese último organismo tomó la decisión de aceptar la oferta de venta de la participación de la Gobernación de Antioquia en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
