El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte de Suprema de Justicia tomó la vocería de la rama judicial tras la petición hecha por la Fiscalía para que se precluya el caso del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal.
Al tocar el punto específico del papel desempeñado por el ente acusador en este litigio, dijo a que “lo único que encuentro cuestionable de la Fiscalía es que haya hecho equipo con la defensa en la audiencia ante el juez 30 penal municipal intentando persuadir a la juez de que lo actuado por la corte era inválido”.
En ese sentido, profundizó en que la Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte y era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la indagatoria era violatoria de la Constitución”.
Paralelamente, Hernández cuestionó a los abogados del expresidente, a quienes señaló de haber atacado directamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y aseveró que con esa conducta han agredido la dignidad de la justicia y la de los mismos magistrados.
También sostuvo que las decisiones del alto tribunal están libres de sesgos y aseveró que los magistrados actúan conforme a la Constitución y la ley. “No representamos ningún partido político y, por lo tanto, todos esos reproches de sesgo ideológico son manifestaciones irrespetuosas con la Corte y sus magistrados”, señaló.
Al ser preguntado por la determinación que podría tomar la juez encargada de decidir si precluye el caso, respondió que “no está bien examinar esas hipótesis a futuro y revisar lo que puede suceder no es mi papel”. Aunque apuntó que la togada encargada deberá basarse en toda la información contenida en el expediente.
Según explicó, la Fiscalía debió remitir toda la información que la misma Corte Suprema le entregó así como la información recopilada por el mismo ente acusador durante los últimos meses.
Concepto a la Fiscalía
Recientemente, y en medio de la controversia por la actuación de la Fiscalía, se conoció el concepto aportado por tres penalistas internacionales frente al caso de Uribe, específicamente orientado hacia la recopilación del material probatorio por parte de la Corte Suprema.
Mathias Herdeggen, jurista penal de 64 años, hizo referencia a las interceptaciones telefónicas que se hicieron del expresidente “por error” y expuso que esa evidencia debe ser descartada siempre que se obtenga sin los requisitos necesarios.
Por su parte, el brasileño Luis Greco, habría dicho al ente acusador que en las conversaciones que tomó como prueba la Corte y que la llevaron a pedir la detención de Uribe, no se puede establecer una prueba que incrimine a Uribe con los sobornos pagados por su abogado Diego Cadena para cambiar las versiones de los testigos en el proceso.
Entre tanto, el abogado italiano Sergio Marchisio, señaló lo que podría interpretarse como un error procesal que, a su juicio, podría generar suspicacias. “Resulta que el 23 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal interrogó un testigo sin la presencia de la víctima o su defensor. Sin embargo, los magistrados sí permitieron que el congresista denunciante (Iván Cepeda) y sus abogados tuvieran conocimiento del proceso 52.240 y se les permitió participar en estas diligencias, mientras que para Uribe y su abogado el proceso permanecía oculto”, agregó.
Por su parte, Jaime Granados, apoderado del expresidente Uribe, volvió a referirse al proceso y defendió que “nació torcido” puesto que, a su manera de ver, inició a espaldas de su poderdante aunque él tenía derecho a conocer si había una investigación en su contra. “Hubo una serie de vicios que sería muy largo relatar, afectación en sus garantías, al extremo que lo llevaron a él a renunciar (al Senado) para poderse defender con todas las garantías”, argumentó.
Puntualizó que tanto la Fiscalía como la defensa han estado recogiendo nueva evidencia de los hechos que “permiten dar una visión distinta de lo que pasó (…) Lo bueno de esto es que hay un procedimiento que es transparente. Es público, contradictorio y donde un juez imparcial va a decidir”.
Se espera que este mismo lunes se conozca la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía pida la preclusión del caso.
