Carlos Yepes A.
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Hacia un nuevo campo colombiano – así ha llamado el gobierno de Petro su estrategia general que será implementada a partir del próximo siete de agosto en este sector. El proceso de transición presidencial ha producido un documento técnico donde se presenta una síntesis de las conclusiones del empalme en lo que respecta al sector agropecuario.
Dentro de su contenido hay uno que llama la atención y al cual vale la pena referirse, se trata del aparte “Colombia potencia agroalimentaria”, uno de sus postulados se refiere a la necesidad de construir una gobernanza institucional dirigida a promover la soberanía alimentaria y materializar el potencial productivo del campo como solución a la crisis del hambre y la garantía del derecho a la alimentación adecuada, concluyen entre otras apreciaciones que se presenta una enorme dispersión y desarticulación institucional en la implementación de políticas públicas de desarrollo rural con el consecuente alto costo por los procesos de tercerización del presupuesto público en la implementación de programas y proyectos del sector por la duplicidad de esfuerzos.
Un segundo postulado se lo escuchamos en repetidas ocasiones al presidente Petro en campaña, se trata de la necesidad de sustituir las importaciones estratégicas de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria. Concluye el documento que entre 2012 y 2020 los análisis de la UPRA muestran una balanza comercial agropecuaria y agroindustrial deficitaria: importamos más de lo que exportamos. De 13 millones de toneladas de alimentos que se importan, 5.6 millones corresponden a maíz amarillo y 2 millones a soya. Del 15% de importaciones más de la mitad (57,5%) corresponden con la necesidad de abastecer la demanda de proteína animal.
Un tercer postulado tiene que ver con un tema que viene afectando muy duro los costos actuales de producción. Concluyen que se debe implementar la política nacional de insumos agropecuarios para incentivar la producción y abastecimiento de insumos y reducir los costos en la producción agroalimentaria, recordemos que Colombia importa 1,3 millones de toneladas de insumos agropecuarios al año, con una dependencia de Rusia y Bielorusia cercana al 37%. Entre el 2020 y 2022 el precio de los fertilizantes se triplicó.
Un cuarto postulado se refiere a la necesidad de Promover la asociatividad y el cooperativismo en el campo y las iniciativas público-populares para la transformación agroindustrial, concluyen que, si bien ha habido esfuerzos al respecto las acciones encaminadas a fortalecer los programas la de asociatividad y el cooperativismo rural son débiles, espontáneas, y no están articuladas entre sí. Existe una marcada tendencia a concentrar los procesos de fortalecimiento en las organizaciones gremiales frente a las asociaciones de productores. Se supone que programas como el campo emprende representa un primer nivel de fortalecimiento básico; el programa Alianzas Productivas (con mayor presupuesto), representa un segundo nivel de fortalecimiento de las organizaciones; finalmente cuando se han desarrollado capacidades que fortalecieron a las organizaciones estas deberían ser incorporadas al programa de agricultura por contrato. Sin embargo, esto no ocurre porque no existe comunicación entre los proyectos.
Como éste fueron abordados varios temas más como la financiación, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la desigualdad y otros que han sido propios del atraso y el mal momento histórico que ha tenido el campo colombiano. El sector campesino no ha podido superar este rezago traducido en un círculo de pobreza generación tras generación, de ahí que los jóvenes no quieren permanecer ni continuar el legado de sus padres, no ven oportunidades que les motiven quedarse en el campo.
La esperanza es que este nuevo gobierno del cambio le pueda decir al país que es la hora del campo y ejecute una verdadera reforma al sector.
