Víctor G. Ricardo
La elección de Gustavo Petro como Presidente representa un gran cambio en la historia de nuestro país y exige que todos los colombianos nos comprometamos a aunar esfuerzos para tener un mejor porvenir.
Los retos del nuevo Presidente son muy grandes y parten de tener que unir a un país polarizado que se ha dividido en dos. La mitad del país lo apoyó, pero la otra mitad expresó su inclinación por otra alternativa, y no podemos desconocer que muchos lo hicieron para manifestarse en contra de la opción de Petro.
Otro reto central del nuevo gobierno será el punto esencial de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, que fue la lucha contra la corrupción y que bajo convicción interna y como mandato popular requiere urgente solución. Este es un tema frente al cual el nuevo primer mandatario debe poner todo su esfuerzo para recobrar los valores perdidos y derrotar la corrupción con medidas no sólo del poder ejecutivo, sino también endureciendo las normas que le permitan a la justicia ser más eficaz, con penas adecuadas y tiempos prudenciales que no continúen dejando que los tramposos, corruptos y aprovechadores del poder sigan disfrutando de penas blandas o simplemente que los vea uno muy pronto en las calles de nuevo impulsando actos delincuenciales o algo que incluso es peor: que continúen delinquiendo desde las cárceles.
Desde el punto de vista económico y social, el nuevo gobierno tiene un reto muy grande porque Colombia no será viable y sostenible si no lideramos las reformas sociales necesarias para fortalecer el país y la institucionalidad. Este es un reto frente al que no puede ser ajeno el sector empresarial.
En estos primeros días de la elección del nuevo Presidente, hemos visto cómo en un régimen presidencialista se logra construir rápidamente mayorías a través de coaliciones con los diferentes partidos, capitalizando así el gran capital político con el que tradicionalmente un gobierno cuenta en los primeros meses para impulsar sus reformas. En este contexto damos por descontado que el Gobierno contará en una primera etapa con las mayorías suficientes para implementar sus ideas, y el reto estará en garantizar democráticamente la gobernabilidad durante todo el gobierno.
Ha sido costumbre que cuando el capital político inicial se va disminuyendo con el paso del tiempo y entra la etapa de desgaste del gobierno, la gobernabilidad entra a ser adquirida ilegítimamente a través de la distribución burocrática, la feria de los puestos e incluso la distribución de contratos. Esta es una práctica que junto con la actividad del narcotráfico ha acabado con la ética y la moral y es eso precisamente lo que no puede seguir sucediendo.
El llamado a un pacto de unidad nacional será bien recibido por el pueblo colombiano, en la medida que el mismo se aleje en el corto plazo y durante todo el gobierno de estas nefastas prácticas que ven la política más como un ejercicio transaccional y no como el bien superior de la búsqueda del bien común. El gobierno y nuestra clase dirigente deben entender que hay que producir los cambios necesarios sin acudir a estas prácticas frente a las que la ciudadanía expresó su hastío.
La polarización que hemos vivido en los últimos años no podemos continuarla y es necesario hacer todos los esfuerzos para erradicarla y lograr un compromiso de todos por el desarrollo con equidad y el aumento de puestos de trabajo. Para lograr esto el gran Pacto de Unidad Nacional requiere de propuestas concretas que se debatan y concierten, disposición de todos los actores de llegar a acuerdos y la erradicación de rumores derivados de manifestaciones de campaña que no necesariamente coinciden con lo que debe ser implementado al momento de tener un gran acuerdo para gobernar. Así por ejemplo, la búsqueda del necesario balance entre desarrollo económico y social supondrá concertar la temporalidad bajo la cual se debe transitar de una economía extractivista a otra de valor agregado o la manera como el sector privado bajo un pleno ejercicio de la libertad de empresa y protección de la propiedad privada contribuye a la equidad social.
Es el momento de construir un país más justo y sostenible, en el que todos los colombianos tengan posibilidades y el desarrollo llegue a todos los rincones de Colombia. Solo así podremos ejercer una democracia participativa e incluyente y una respuesta que construya un país más justo y equilibrado. No podemos dejar ni permitir que la Colombia construida se destruya y por tanto tenemos que comprometernos y cuidarla.
