Las obras para mejorar tres colegios rurales en Neiva, financiadas con más de 2 mil millones de pesos, están paralizadas y sin fecha de entrega, dejando a cientos de niños y jóvenes sin instalaciones adecuadas. La constructora encargada aún no culmina los trabajos, mientras la comunidad y líderes locales denuncian la falta de control y temen que estos proyectos se conviertan en otro “elefante blanco” que comprometa el derecho a la educación.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Por: Anderson Hernández.
Al Fondo Mixto Etcultura y Desarrollo Social del Pacífico (Fonpacífico) se le asignaron $2.053.367.686 para construir y adecuar la infraestructura educativa en zonas rurales de Neiva. Sin embargo, según la Secretaría de Educación, las obras en tres instituciones de los corregimientos de Vegalarga, Aipecito y Chapinero aún no han sido completadas, lo que afecta gravemente el derecho a la educación de niños y jóvenes en estas áreas.
La Alerta Temprana 022, emitida por la Defensoría del Pueblo, advierte sobre riesgos en la seguridad y derechos humanos de la población rural en Neiva, Tello y Colombia, debido al conflicto armado y otras violencias en la región oriental del Huila. La falta de servicios educativos adecuados incrementa la vulnerabilidad de los estudiantes y expone a los menores al riesgo de reclutamiento.
Además, familiares de Karen Pérez, una niña desaparecida en la vereda Omega del corregimiento de San Luis, indicaron que ella y su hermano se retiraron de la escuela debido a la falta de transporte escolar, ya que la distancia hacía imposible asistir. Esto subraya la importancia de los recursos asignados para mejorar la educación rural, que, lamentablemente, no están siendo utilizados eficientemente.
Denuncias sobre el uso ineficiente de recursos
El concejal de Neiva, Juan Sebastián Prieto, ha criticado la gestión de los recursos educativos, señalando que la mayor parte del presupuesto se destina a gastos de funcionamiento, dejando poco para mejorar la infraestructura. Según Prieto, los fondos asignados para las instituciones de Aipecito, Chapinero y Vegalarga no se han utilizado correctamente. Este caso se suma a problemas anteriores con otras obras de infraestructura escolar en Neiva, como el Colegio Cacique Pigoanza.
Llamado a la Contraloría Municipal
El cabildante señaló que, aunque la Contraloría Municipal debería supervisar estos fondos – que incluyen $1.426 millones de recursos municipales y $770 millones de regalías – esta entidad ha transferido la investigación a la Contraloría General de la Nación, generando incertidumbre sobre el seguimiento y control local de los recursos.
El concejal cuestionó la falta de respuesta por parte de la constructora, Fonpacífico, sobre el estado de las obras, que debieron completarse en septiembre, y criticó el abandono de los proyectos. También mencionó que en Vegalarga, una de las sedes tiene una orden judicial de reubicación, y aun así, el contratista continúa las obras bajo la justificación de una «obra de mitigación».
En este sentido, el político destacó que el deterioro de las infraestructuras es evidente, especialmente en la sede educativa El Diamante de Chapinero, donde incluso el pozo séptico está dañado. La preocupación por estos “elefantes blancos” refleja una inquietud compartida por la comunidad: que estas obras inconclusas se sumen a una lista de proyectos fallidos.
La problemática en el Colegio Cacique Pigoanza
El Colegio Cacique Pigoanza también enfrenta problemas, según informó Alejandro Serna, concejal de Neiva. Esta obra, contratada en junio de 2023, está incompleta y avanza a “media marcha”. Además, la secretaria de Educación, Natalia Rodríguez, denunció modificaciones en el proyecto sin la aprobación de la Alcaldía, como la eliminación de áreas esenciales como el comedor y la cocina, y la falta de un elevador para personas con movilidad reducida.
Ante esta situación, la administración ha solicitado a la Contraloría General de la Nación una mesa de seguimiento permanente para garantizar el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los plazos.
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Descontento en las comunidades rurales
Las comunidades rurales afectadas, especialmente en los corregimientos de Vegalarga, Aipecito y Chapinero, han expresado su descontento por la falta de avances en estas obras que prometían mejorar la infraestructura educativa y, con ello, las oportunidades de desarrollo para los estudiantes rurales. Los habitantes de estas zonas manifiestan que la ausencia de un entorno educativo adecuado no solo afecta a los menores en su aprendizaje, sino que también los expone a situaciones de riesgo debido a factores asociados al conflicto y la violencia.
Las obras de infraestructura para estos colegios rurales, son vistas como un recurso esencial para combatir la desigualdad entre la educación urbana y rural. Además, los padres de familia han insistido en la importancia de contar con espacios educativos seguros y adecuados que permitan a los niños estudiar sin la necesidad de trasladarse a grandes distancias, especialmente en contextos donde la falta de transporte escolar es una constante.
Solicitudes a la administración local y entes de control
Los concejales Prieto y Serna reiteraron el llamado a las autoridades para que realicen una investigación exhaustiva y se garantice la transparencia en el manejo de los recursos. Destacaron que la Contraloría General debe intervenir de manera preventiva y rápida, para asegurar que los dineros públicos destinados a la educación no se pierdan en procesos ineficientes o corruptos. La comunidad educativa también ha solicitado más acompañamiento de la Secretaría de Educación Municipal, esperando que la entidad asegure el cumplimiento del contrato y el control sobre las entidades responsables de las obras.
A medida que se prolongan los tiempos de entrega sin soluciones claras, la comunidad teme que estos proyectos se conviertan en otro caso de “elefantes blancos” que, a pesar de su costo, no cumplen con los beneficios prometidos. La Secretaría de Educación, en nombre de la Alcaldía de Neiva, ha insistido en que la constructora responsable debe cumplir con el contrato y entregar las infraestructuras en condiciones óptimas, advirtiendo que los recursos fueron entregados desde 2023 y no deberían presentarse retrasos.
Los funcionarios y miembros de la comunidad se han mostrado dispuestos a llevar el caso a instancias judiciales y de control si no se presentan soluciones rápidas. La demanda social es clara: se requiere una intervención efectiva que permita completar las obras y así garantizar el derecho a la educación de cientos de niños y adolescentes rurales.
El compromiso con el futuro de la educación rural
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de que los entes de control locales y nacionales, refuercen su vigilancia sobre los proyectos de infraestructura educativa en zonas rurales, donde las condiciones suelen ser más precarias y los recursos más escasos. En un país en el que la educación es un pilar para la paz y el desarrollo, garantizar entornos de aprendizaje adecuados en cada rincón, sin importar lo apartado, es fundamental para reducir la brecha social.
El concejal Prieto finalizó reiterando su compromiso en el seguimiento de este caso y advirtió que, junto a otros concejales, presionarán para que las instituciones competentes actúen y se eviten nuevos incumplimientos en el futuro. «La educación de nuestros niños y jóvenes es prioritaria, y no podemos permitir que la falta de gestión y supervisión ponga en riesgo su derecho a estudiar en condiciones dignas y seguras», afirmó.
Esta situación en Neiva refleja un problema estructural de la inversión pública en las zonas rurales de Colombia, donde la corrupción, la falta de control y la negligencia dejan a comunidades enteras en la incertidumbre sobre el uso de los recursos que les corresponden y necesitan para su desarrollo.
Es urgente que las autoridades competentes, como la Contraloría y la Procuraduría, actúen con rigor y transparencia para prevenir cualquier indicio de corrupción en estos proyectos educativos rurales, que representan la única esperanza de cientos de niños y jóvenes de Neiva para acceder a una educación de calidad. El abandono de estas obras y la falta de ejecución de los recursos destinados no solo vulneran el derecho constitucional a la educación, sino que también exponen a las comunidades rurales a situaciones de mayor vulnerabilidad. Es fundamental que se realicen auditorías exhaustivas y sanciones ejemplares para asegurar que cada peso invertido cumpla su propósito, evitando que la corrupción desvíe fondos esenciales para el desarrollo y el bienestar de la población.
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