Familiares de los 9 concejales asesinados en Rivera, en el centro del Huila, acogieron con esperanza la reciente decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP), al declarar que la masacre en la que perdieron la vida sus seres queridos no es amnistiable.
Diario del Huila, Primer Plano
En un fallo trascendental emitido recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que el homicidio de nueve concejales de Rivera, Huila, a manos de miembros de las extintas FARC en el año 2006, es «no amnistiable».
Esta decisión impone que las autoridades deben investigar y llevar a juicio este crimen, caracterizado por su gravedad, en el marco del macro caso 10, el cual trata los crímenes no amnistiables perpetrados por la guerrilla. Además, establece que no se podrá conceder amnistía ni indultos para este caso.
Los hechos que llevaron a esta determinación ocurrieron el 27 de febrero de 2006, cuando guerrilleros de las FARC abrieron fuego desde diversas posiciones contra el recinto donde se encontraban sesionando los concejales en el Hotel Los Gabrieles.
Nueve concejales perdieron la vida y dos personas resultaron heridas en este ataque indiscriminado. La guerrilla justificó su acción alegando que los concejales y alcaldes de la zona eran objetivos militares, a menos que renunciaran a sus cargos, según un panfleto hallado después de los hechos.
Condena
Se identificó a Clinio Gasca Valderrama, conocido como ‘Plinio’, como el responsable de llevar a cabo inteligencia previa al crimen, y ya han condenado su participación en estos trágicos eventos. La JEP, al declarar como «no amnistiable» esta acción, ha enfatizado que se trata de múltiples homicidios consumados y tentados contra civiles que no estaban involucrados en actividades de combate ni participaban en hostilidades.
Por su parte, la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP afirmó en su resolución: «Para el despacho, es claro que se trata de múltiples homicidios, consumados y tentados, en contra de civiles que no ejercían actividades de combate, ni participaban de forma directa o indirecta de las hostilidades. Es decir, los concejales de Rivera (Huila) eran personas civiles que no habían perdido su estatus de protección contra ataques directos de acuerdo con el DIH».
Esta decisión marca un paso significativo en el proceso judicial, señalando que los responsables de este acto violento no podrán beneficiarse de las medidas de amnistía contempladas en el proceso de paz. Las autoridades ahora deben investigar y juzgar el caso en el marco del macro caso 10, el cual se enfoca en los crímenes no amnistiables perpetrados por miembros de las extintas FARC.
«La acusación que formuló la Fiscalía General de la Nación y por la cual fue condenado el señor Clinio Gasca Valderrama, corresponde a la del homicidio en persona protegida. Esto quiere decir, que en la propia valoración en sede de justicia ordinaria se determinó que la conducta desplegada por el compareciente atentaba contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario», se explica en la resolución de la JEP.
Las familias
Tras conocerse la resolución emitida por la JEP, los familiares de los nueve concejales asesinados en 2006 expresaron su satisfacción y consideraron este fallo como un avance significativo hacia la justicia y la verdad. Lucena Ibarra Ibarra, hija del concejal Luis Ernesto Ibarra, compartió su perspectiva sobre la importancia de este paso legal.
«Esta noticia es muy importante porque se hace justicia al saber que las personas que están en este momento acogidas por la JEP tendrán que pagar. Es un gran avance. Hoy sentimos que se empiezan a ver resultados por parte de la JEP. Hoy se está viendo justicia y se están dando resultados. De parte de las familias sentimos que se está haciendo justicia con el caso de nuestros familiares y que esto no va a quedar impune», señaló Ibarra.
Además, subrayó que este es un avance para una verdadera reparación, 17 años después, donde solo han sentido abandono por parte del Estado. «Queremos conocer la verdad sobre los hechos y que nos puedan esclarecer lo que ocurrió con los 9 concejales del municipio de Rivera. Es lo mínimo que como familia tenemos derecho a saber y así poder dignificar la memoria de nuestros seres queridos que dieron su vida al servicio de una comunidad», añadió.
Leandro Perdomo, hermano de Jaime Andrés, el concejal más joven en ese momento, también compartió sus reflexiones sobre la decisión de la JEP. Destacó que esta resolución es un reconocimiento no solo para los concejales sino también para sus familiares, evitando así su revictimización.
“A buena hora toma la decisión la Jurisdicción Especial para la Paz. La verdad es muy valiosa y muy importante esta decisión que le da importancia a esta masacre. Esto es un reconocimiento a todo lo que impactó la muerte de nuestros familiares, no solo para nosotros como hermanos, hijos y padres sino para Rivera y para el Huila”, afirmó Perdomo.
A pesar de que el Juez Primero Especializado de Neiva ya condenó a Hernán Darío Velásquez alias (El Paisa) a 39 años de prisión y a Wilkin Fernando Lugo, alias Hernán, a 31 años de prisión, y el Tribunal Administrativo del Huila condenó al Estado colombiano a pagar 2.300 millones de pesos en 2015, los familiares de las víctimas aún no han recibido ninguna compensación.
Este paso de la JEP podría abrir nuevas vías para la búsqueda de justicia y reparación para las familias afectadas por esta trágica masacre. Aunque algunos responsables ya han sido condenados en la justicia ordinaria, la resolución de la JEP refuerza el compromiso con la verdad y la justicia en un caso que ha marcado la historia de Rivera y el Huila. La sociedad colombiana observa con atención el desarrollo de este proceso, esperando que contribuya a sanar las heridas de una comunidad que ha sufrido la pérdida de sus líderes locales.
