Alvaro Hernando Cardona González
Una lectura del artículo “Estado de Derecho y crecimiento: Dos caras de la misma moneda”, publicado en estadodiario.com, el pasado 6 de junio, por José Luis Lara, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile, nos brindó varias ideas sobre cómo el Estado de Derecho puede influir en la conservación y recuperación del ambiente o medio natural.
Para quienes aún no lo sepan, el Estado de Derecho es aquel tipo de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluso el propio Estado, están sometidas a normas generadas por las necesidades sociales, morales y prácticas que se promulgan públicamente, se hacen cumplir igualitariamente y con independencia. Colombia, de acuerdo con la Constitución se define como un Estado Social de Derecho. Por otra parte, cabe recordar como tantas otras veces, que el desarrollo sostenible es aquel modelo económico, consagrado también en la Constitución Política, por el cual se procura que el uso de los recursos naturales que hacen posible el desarrollo creciente para la población, permita que estén disponibles para las futuras generaciones. De ahí que la interacción entre el crecimiento económico y el Estado de Derecho es vital. Ambos son pilares para la la prosperidad, el progreso social y la conservación y protección ambiental.
El Estado de Derecho “representa la base sobre la que se construye una sociedad justa y equitativa. Encierra los principios de justicia, igualdad y responsabilidad para todos los individuos, independientemente de su estatus o influencia (recuerden nuestra columna reciente sobre la prevalencia de los deberes). Una sociedad bajo el Estado de Derecho genera confianza y estabilidad, atrae inversiones, estimula el espíritu empresarial y fomenta el crecimiento económico sin exabruptos (incluidos los desmanes contra los recursos y el medio naturales).
El tratadista Neil Maccormick, profesor en la Universidad de Edimburgo, dice que “si el Derecho es fielmente observado, prevalece el Estado de Derecho, y las sociedades que viven bajo el Estado de Derecho disfrutan de grandes beneficios en comparación con aquellas que no”. Por supuesto, un Estado de Derecho necesita de un poder judicial imparcial e independiente, que garantice la igualdad para todos. Las decisiones judiciales basadas en los méritos del caso concreto y no en factores arbitrarios como la ideología, riqueza, el poder o las conexiones, estimula la participación en las actividades económicas sin temor a influencias indebidas o discriminación. Hay certeza de que actuar por fuera de los límites legales, traerá un seguro e implacable reproche. Esto fomenta un crecimiento económico sostenible. Los responsables políticos deben reconocer y dar prioridad al Estado de Derecho. Deben respetarlo.
