Gloria Camargo
La Procuraduría expresa preocupación por falta de incremento en tarifas de peajes y advierte sobre riesgo en proyectos de infraestructura vial
La reciente decisión del Gobierno Nacional de no incrementar las tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invias) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha generado una inminente lluvia de demandas y ha encendido las alarmas en la Procuraduría, que expresa su preocupación ante los posibles riesgos que enfrentan muchos proyectos de infraestructura de transporte vial en el país.
La Procuraduría advierte que la medida tomada mediante el Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, que evita el incremento de precios en 30 estaciones de Invias y 113 de la ANI, representa un riesgo para la gestión pública y las finanzas de todos los colombianos.
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El Ministerio Público respalda los análisis financieros realizados por Fedesarrollo, que indican que la falta de ajuste en las tarifas, que para este año estaba previsto en un 13 por ciento, generará un detrimento para los concesionarios de alrededor de un billón de pesos en el año 2023. Además, se proyecta un déficit fiscal que podría obligar al Estado y a todos los colombianos a cubrir estos recursos adicionales, alcanzando un monto cercano a los $13,8 billones para el año 2040.
Ante la incertidumbre generada por esta situación, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública ha requerido al Invias y a la ANI que expliquen los planes de contingencia que han asumido para garantizar el equilibrio económico de los contratos afectados por la falta de incremento en las tarifas.
Además, el ente de control ha solicitado respuestas sobre las gestiones realizadas por la ANI para asegurar los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, ya que de no llevar a cabo estas acciones, podría afectarse la liquidez de la agencia.
Con estas acciones preventivas, el Ministerio Público busca garantizar el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar las cuantiosas demandas que podrían recaer sobre los contribuyentes. Es fundamental asegurar el equilibrio económico de los contratos y velar por la sostenibilidad financiera de los proyectos de infraestructura, para así garantizar la adecuada prestación de servicios viales y la inversión en el desarrollo del país.
