Por: Carlos Tobar
Los recuerdos no gratos de una época de inseguridad ciudadana, las chuzadas a través del extinto DAS a magistrados, dirigentes políticos, opositores, ciudadanos…, en el gobierno de Álvaro Uribe, inexplicablemente se están presentando en el gobierno de Gustavo Petro. Era el momento cuando el expresidente pretendía perpetuarse en el poder y apelaba a todo tipo de armas políticas para lograrlo. Incluso recursos innobles como el espionaje a oponentes actos que, violentaban los principios democráticos del país.
Por denuncias de magistrados de las altas cortes, de dirigentes políticos, incluso de personas cercanas al mismo presidente, se sospecha que, desde las instituciones encargadas de la seguridad del estado, (la Dirección Nacional de Inteligencia – DNI, dirigida por Carlos Ramón González, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, la Unidad Nacional de Protección – UNP, y otras aun no identificadas), se vigila ilegalmente a personas e instituciones que generan inquietud y disgusto a algunos funcionarios de las altas esferas del gobierno.
Fue un debate en el congreso, citado por el senador David Luna, el que puso el tema en la palestra. En él, Carlos Ramón González director de la DNI, respondió a las preguntas del convocante, negando, sin mucha firmeza, que tal situación esté sucediendo. Por la forma de las respuestas quedó la duda. Lo que es muy grave.
La solicitud elevada a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por los magistrados denunciantes da la dimensión del escándalo. Una prueba de fuego para la nueva fiscal que debe dar resultados de su investigación de manera pronta. Así lo requiere el país.
No se entiende como desde un gobierno que llegó con el eslogan del cambio, entre otras cosas en las formas de usar el poder del estado, se esté apelando a mecanismos de coacción de las libertades y los derechos democráticos de los ciudadanos. Así comienzan los gobiernos autocráticos sino se les contiene en sus pretensiones y lo peor, se sigue deteriorando la frágil democracia colombiana.
Esperamos que las respuestas a estas inquietudes las entregue directamente el presidente de la república del cual dependen los funcionarios y organismos denunciados. Sobre todo, en momentos en que el presidente viene promoviendo una posible convocatoria de una asamblea constituyente, sin señalar expresamente la forma de realizarla.
MÁS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN: se viene presentando una peligrosa tendencia de crecimiento de hechos de corrupción en el gobierno nacional. Ahora se denuncia un posible tráfico de influencias desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, que dirigen Laura Sarabia, la mano derecha del presidente.
Por informaciones de prensa se denuncia la adjudicación de jugosos contratos en favor del hermano de la doctora Sarabia, Andrés Sarabia. Se señalan que ha recibido contratos de decenas de miles de pesos sin mayor mérito que su vínculo familiar. Muy grave por la cercanía al presidente.
Neiva, 24 de junio de 2024
