Franklin Castañeda, encargado de derechos humanos del Ministerio del Interior habló sobre las medidas que está adoptando el Gobierno Nacional para reducir el alto índice de homicidios en contra de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA
Por: Andrea Ramírez.
Distintas mediciones indican que ha disminuido los homicidios de líderes sociales, cifras del Ministerio del Interior indica que el descenso sería del 19 por ciento. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno que prende las alertas en el Gobierno y en la sociedad en general.
Ante el incremento de los asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos, ¿qué medidas están tomando?
Son varias las medidas. El gobierno adoptó un plan que se denominó plan de emergencia para la protección de líderes y lideresas sociales. Este plan ha avanzado en todo el país y con este se intenta recuperar la institucionalidad ligada al acuerdo de paz para la protección de líderes sociales. Además, trazamos una serie de medidas que privilegia el diálogo entre líderes y Gobierno para la prevención de riegos y una debida articulación entre la sociedad civil y el Estado en los programas que están creadas para la prevención y reacción ante los riesgos. Hemos venido trabajando en puestos de mando unificado, mesas de garantías y en visitas territoriales a las distintas zonas. Esto no es con el fin de diagnosticar una situación que ya está diagnosticada, sino para recoger situaciones de riesgo para tomar medidas concretas. En ese sentido, la UNP ha venido incorporando una serie de criterios para ayudar que las medidas de protección sean expedidas con agilidad. El gobierno también aumentó el presupuesto de la UNP en 37 por ciento para garantizar la protección efectiva. También se crearon nuevas figuras como esquemas ligeros para superar la ausencia de recursos. También hemos dado medidas claras para no estigmatizar los liderazgos sociales. En los diálogos de la ‘paz total’ hemos privilegiado puntos como la protección de la vida de los líderes sociales.
¿Por qué a pesar de cese de hostilidades de grupos armados, se siguen registrando estos asesinatos?
Son muchas las teorías sobre por qué los ceses no han sido funcionales para disminuir riesgo. Pero queremos primero destacar que sí ha habido disminución. No es algo menor, ha bajado las muertes de líderes sociales un 19 por ciento. Eso nos demuestra que vamos por buen camino y que ojalá los ceses del Eln y el que entra a funcionar con el Estado Mayor Central colaboren a aumentar la cifra. Sin embargo, tenemos la preocupación y reconocemos que los casos de personas asesinadas se dan en territorios en dispuestas, donde los grupos se enfrentan entre sí. Ha bajado la confrontación entre el Estado y estos grupos, pero ha aumentado la disputa territorial entre los grupos. Y lastimosamente ahí los ceses todavía tienen un límite. No hemos logrado un cese multilateral, solo es algo bilateral entre el Estado y los grupos.
¿Qué se está haciendo desde el gobierno para visibilizar esta situación?
Este es un gobierno que reconoce todas las cifras que se vienen construyendo en materia de agresiones a líderes sociales. Respetamos todos registros y estos demuestran que la situación sigue siendo grave, así tengamos una leve disminución cercana al 19 por ciento. Nosotros aun así seguimos haciendo visibles los registros y nuestra preocupación. Hemos hecho visible la situación con los puestos de mando unificado, de los que el presidente Petro participó. También lo hicimos visible en el Plan Nacional de Desarrollo con la propuesta de modificar la política de prevención para las garantías de los líderes sociales. Este gobierno reconoce la situación, la hace visible y escucha a la sociedad civil. De este gobierno no van a encontrar un intento por negar la realidad de la situación o un intento de censurar a los medios que publicitan el tema. Por el contrario, bienvenida toda la crítica y los señalamientos al respecto. Venimos tomando medidas y poniéndole la cara a la ciudadanía.
¿Cuáles son los departamentos que se están priorizando para prevenir más asesinatos?
Hasta el momento, la situación de los líderes nos obliga a una intervención priorizada en departamento como Arauca, Norte de Santander, en las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María, en Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Meta y Caquetá. En esos departamentos encontramos que la situación de líderes es más complicada. Son en estas regiones que hay disputa territorial con grupos armados. Hemos hecho que la oferta institucional no solo sea con Fuerza Pública, sino que la inversión social del Estado se vea reflejada para dar mayores oportunidades y que los jóvenes no encuentren en los grupos armados su única fuente de empleo.
¿Cuál es el llamado del Gobierno frente a este preocupante panorama?
Con base en la concertación de Estado y sociedad civil, en Colombia va a existir una política pública de desmantelamiento a los grupos armados. Es una política que no solo es el diálogo con grupos, sino que reorganiza el tema de la fuerza. Es una política integral que busca proteger a los líderes sociales. Estamos disputándole la base social a los grupos para alejar a la sociedad civil de la oferta de la economía ilícita. Estamos reconociendo que los fenómenos armados están en contacto con la institucionalidad y vamos a tomar las medidas para separar el Estado de cualquier ejercicio violento.
