Varios temas agitaron el fin de semana en el país que bien vale la pena analizar: En primer lugar, regreso el debate sobre la eutanasia; esta vez en el caso de la señora Marta Sepúlveda, quién padece de un grave padecimiento: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le ocasiona graves problemas para su movilidad y la tiene postrada, con dolores permanentes y arduos padecimientos que le impiden llevar una vida con dignidad. Ella optó por poner fin a su vida, atendiendo los protocolos que ha expedido el ejecutivo en Colombia, por indicaciones de la Corte Constitucional y ante el silencio del Congreso para regular la materia. Se señaló fecha para llevar a cabo el procedimiento y a última hora, el viernes en la noche, se le dio aviso por parte de la EPS, que una segunda evaluación científica del caso, había determinado que no existía el elemento de la terminabilidad, que la paciente “tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a 6 meses» y que por tanto, canceló el procedimiento. La defensa de Sepúlveda señala que se le vulneró su derecho a una muerte digna, que ellos no solicitaron un segundo comité.
Todo parece indicar, que la decisión de la EPS en este caso, que decidió suspender el procedimiento, se pone en contradicción con la reciente decisión de la Corte Constitucional del 23 de julio del corriente año, Sentencia 233 de 2021, que modifica el protocolo del Ministerio de la Seguridad Social del 2015, que exigía como requisito que el paciente estuviera padeciendo una enfermedad terminal. La sentencia de la Corte Constitucional amplió el espectro contenido en el reglamento ministerial e incluyó a pacientes no terminales y a los que padezcan cualquier sufrimiento psíquico o físico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, progresiva, irreversible y que les ocasione sufrimientos al paciente y a su familia. Otro sufrimiento más para la enferma, quién tendrá que acudir a los tribunales para proteger su derecho, todo por una inercia del Congreso en regular este tema.
Por otro lado, escozor por decir lo menos, causo la noticia de que en el Congreso, por iniciativa parlamentaria circula un proyecto que establece incentivo para los congresistas, es decir, indirectamente les aumenta los ingresos. Todo el país viene pendiente de que se adelante un proyecto de acto legislativo que rebaje los ingresos legislativos, al que le han hecho todo tipo de quites y resulta que lo que se está haciendo es totalmente lo contrario. Pero en la época de pandemia, donde los ingresos de la gente se han visto considerablemente afectados, la iniciativa se convierte e una verdadera agresión contra los intereses de los colombianos. Máxime, si se sabe que, al subir el ingreso parlamentario, automáticamente se sube toda la rama judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Lo primero que debería suceder, es que el Gobierno se pronuncie en forma manifiesta contra este proyecto; toda iniciativa que signifique gasto requiere el beneplácito del Gobierno; luego en sus manos está impedir que se lleve a cabo semejante agresión al erario público de los colombianos. Mejor dicho, vamos en reversa.
