La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó cargos a ochos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01 denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.”
La decisión afecta a los exjefes de Farc: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Los magistrados indicaron que la responsabilidad individual de estos exjefes guerrillleros, varía de acuerdo con los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, señaló que se trata del primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción, que es la antesala a la Resolución de Conclusiones y los juicios ante el Tribunal para la Paz.
Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó a los antiguos miembros del Secretariado, cargos por otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
“La Sala encontró que las disposiciones relacionadas con las políticas a las que denominaban “retenciones” y que se vincularon con diferentes privaciones a la libertad, se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial”, indicó la JEP.
El tribunal señaló que los motivos de estas acciones se relacionan con la financiación de esa organización armada, además de forzar el intercambio por guerrilleros presos y «para controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y accionar de empresas y funcionarios públicos.»
La JEP resaltó la vulnerabilidad especial de niños y niñas y mujeres que estuvieron secuestradas, quienes vivieron el miedo y la desprotección de manera diferenciada.
El magistrado Cifuentes advirtió que los exjefes de las Farc tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar dichas imputaciones, mientras agregó que en el caso contrario, se podrían exponer a penas de hasta 20 años de prisión.
Relatos de víctimas
La Sala de Reconocimiento determinó la existencia un patrón de «malos tratos» en los secuestros cometidos en todos los bloques de las antiguas Farc, que se evidencia en hechos repetidos en la mayoría de las narraciones de los informes y de las víctimas acreditadas.
“Se trata de encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales mientras debían ser observadas por guerrilleros armados; la existencia de campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica; falta de atención en salud, incluso cuando podían brindarla; comida insuficiente y en mal estado”, destaca la decisión de más de 300 páginas de la JEP.
Los magistrados de ese tribunal establecieron que sucedieron hechos de especial gravedad durante el cautiverio, como el aislamiento forzado, golpizas durante los interrogatorios, violencia sexual y desplazamiento forzado como castigo.
También, se evidencia que por parte de la extinta guerrilla de las Farc hubo un “sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los cautivos, la venta de cadáver, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas, insultos y otras formas de vulneración emocional que se emplearon sin consideración del sufrimiento experimentado”.
En este proceso se recibieron y contrastaron 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes.
Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones.
La Sala de Reconocimiento de la JEP además incluyó la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla luego de diversas operaciones militares. Además, la complementó con el análisis de publicaciones académicas y especializadas.
