El exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Ignacio Pretelt, fue condenado a seis años y medio de prisión por el delito de concusión, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura como responsable del delito.
La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria ha ratificado la pena de prisión y ha modificado la pena de multa, fijándola en el equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos, así como reduciendo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días.
Según la sentencia, en octubre de 2013, Pretelt Chaljub solicitó al abogado Víctor Arturo Pacheco Restrepo la suma de $500’000.000 para adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional y obtener un fallo favorable a Fidupetrol, en una acción de tutela promovida por la compañía contra un fallo dictado en su contra. El encuentro se realizó en el apartamento del magistrado en Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por Pretelt Chaljub, a la cual estaba invitado Pacheco Restrepo.
El fallo explicó que ese contexto fáctico permitió escindir dos escenarios distintos: las influencias de Fidupetrol para la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, y la solicitud concusionaria, realizada inmediatamente después de la selección de la tutela para su revisión, con el fin de obtener un fallo favorable a los intereses de Fidupetrol. La Corte Suprema de Justicia ha considerado que Pretelt Chaljub incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso del cargo de magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fidupetrol.
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El punible de concusión se consuma cuando se realiza la exigencia dineraria o de cualquier otra utilidad indebida, bien sea que se efectúe de manera directa, o sutil, o mediante amenazas, instante en el que «se menoscaban la dignidad, moralidad, integridad, pulcritud, confiabilidad y transparencia de la administración pública, cuyos valores deben imperar en los funcionarios y sus actos», ha precisado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
