Luis Guillermo Vélez Cabrera
Abogado
Se dice que los problemas de Colombia están sobre diagnosticados, que lo que falta son soluciones efectivas a los mismos. Y puede que esto sea parcialmente cierto. A los anaqueles de los ministerios no les cabe un estudio más sobre competitividad, movilidad, inequidad en la estructura tributaria, rigidez en el gasto público y cosas por el estilo.
Pero muchas veces el problema no es de falta de diagnóstico sino de diagnóstico equivocado.
Tomemos, por ejemplo, el caso del sistema de salud. Se dicen toda clase de falsedades. Que es un engendro neoliberal que convirtió un derecho en un negocio. Que ha sido el responsable de “un millón cuatrocientas mil muertes evitables entre 1998 y 2010”. Que lo dominan unas empresas que nadan en dinero mientras los usuarios son sometidos al paseo de la muerte. Que el afán de lucro ha quebrado a los hospitales públicos. Que los trabajadores del sistema están pauperizados, sin contratos de trabajo adecuados y con precarización laboral. Que todo es, en últimas, una catástrofe humanitaria que debe ranquear entre los más trágicos ejemplos de políticas públicas de los que se tengan memoria.
Justificados en este diagnóstico equivocado, derivado de taras ideológicas, los que proponen vivir sabroso han propuesto sendas reformas que buscan desmontar el sistema actual -que es uno de los mejores del planeta y casi sin duda el mejor del mundo en desarrollo- para sustituirlo por lo que han descrito como un sistema único, público y universal “que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”.
Fuera de volver a recrear el Instituto de Seguros Sociales -de triste recordación para los colombianos- lo cierto es que las premisas de la propuesta son equivocadas.
El actual sistema de salud no depende de la “capacidad de pago”, porque ya es universal y, desde 2015 cuando se unificó el POS, cubre a la totalidad de la población con los mismos servicios. Esto debió quedar claro con la pandemia, cuando miles de colombianos estuvieron en UCI durante meses pagando solo veinte mil pesos, historia que se cuenta en muy pocos países.
Tampoco el modelo está basado en la “rentabilidad económica”. Si se tomaran la molestia de revisar los estados financieros de las EPS se darían cuenta de que los márgenes son tan delgados como una hoja de papel y que, como negocio, a duras penas se logra algo de utilidad.
En cuanto a la llamada “intermediación”, que ha sido un mote especialmente efectivo para denigrar de la función de las EPS, hay que decir que se requiere de un actor -ojalá privado- que sirva para administrar la afiliación de los usuarios, hacer prevención y controlar los costos. Es risible pensar que esta gestión la puede hacer mejor una secretaria de salud de un municipio que no es capaz ni siquiera de reparar un andén.
La última vez que Petro se embarcó en una quimérica aventura estatista dejó a una ciudad inundada de basura, esta vez, si falla, las consecuencias del experimento se podrán contar en vidas humanas.
