Por: Jaime Felipe Lozada
No me detendré a analizar si los falsos positivos, como algunos afirman, fueron una política de Estado o si por el contrario fueron el fruto maldito del afán de algunos mandos militares en busca de “gloria” militar, al exigirles a sus subordinados resultados operacionales. Tampoco me enfocaré en determinar (en parte porque no soy quien para hacerlo) si la cifra de los 6402 asesinados, en su gran mayoría jóvenes, es real o no. Lo que sí trataré de plasmar en estas líneas es la necesidad que tenemos como Nación de que esta página negra y dolorosa de nuestra historia no se vuelva a escribir y que sean las víctimas, quienes puedan conocer la verdad, después de años de incertidumbre y sufrimiento.
La semana pasada tuvo lugar en Neiva la audiencia de reconocimiento y aceptación de responsabilidad en el Caso No. 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. En la audiencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), frente a más de 140 víctimas de los falsos positivos en el Huila, escuchó los desgarradores testimonios de familiares y de 74 militares, quienes reconocieron 200 asesinatos y otros delitos. Entre ellos, el del coronel en retiro Carlos Salamanca, quien fuera comandante del batallón “Cacique Pigoanza” con sede en el municipio de Garzón, imputado como máximo responsable y quien reconoció su responsabilidad al ordenar a sus subalternos “realizar estos actos delictivos que dieron lugar a homicidios de civiles indefensos para que fueran presentados como muertos en combate”. También, el testimonio de Jairo Alberto Rico, quien fue subteniente de la misma unidad militar, declaró crudamente que actuaban conscientemente y asesinaban personas, disfrazando la verdad con operaciones militares y “atentando contra la humanidad de personas de la región, humildes campesinos, gente honesta, trabajadora”, refiriéndose, entre otros, al asesinato del señor Ovidio Ortiz Sepúlveda, un campesino de la vereda La Gran Vía del municipio de Gigante, a quien hicieron pasar como guerrillero para poder configurar el falso positivo.
Si desgarradores fueron los testimonios de los victimarios, ni qué decir de los relatos de las víctimas, quienes, con el sentimiento y dolor a flor de piel, recordaban a sus seres queridos y exigían, con razón, que se conociera la verdad, no a medias, sino completa. Confieso que preferí no escuchar muchos de los testimonios de las víctimas, tal vez por cobardía, o por el simple hecho de no revivir el dolor que nos une al haber sufrido, en circunstancias distintas pero similares, la muerte de un ser querido, y después de muchos años no haber obtenido la justicia, reparación, ni mucho menos la verdad que en estos casos es fundamental para tratar de aprender a vivir con el dolor.
Nunca se porta con mayor orgullo el uniforme militar que cuando se protege la vida y la libertad de los ciudadanos, esa es y debe seguir siendo la consigna de nuestros soldados y debe ser siempre la exigencia de quienes desde la civilidad los respetamos, apoyamos y valoramos. Los falsos positivos son una realidad que hay que proscribir, y mientras eso ocurre llevar ante la justicia a todo aquel sin importar rango, cargo o importancia que los promovieron, permitieron y ejecutaron.
