El Ejército segó la vida de Juan Carlos Aguirre en 2008, una trágica historia que ilustra las injusticias que enfrentan los familiares de los civiles presentados como bajas en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz ha registrado 200 víctimas en Huila entre los años 2005 y 2008. Lamentablemente, algunas familias aún no han tenido la oportunidad de darle un digno sepelio a sus seres queridos.
Diario del Huila, Investigación
A las 12 del mediodía del primero de febrero del 2008, un doloroso capítulo se abría en el hogar de la familia Aguirre Macías, ubicado en el barrio Santa Inés, en el norte de la ciudad de Neiva. Ese día, alguien en quien Juan Carlos Aguirre Macías confiaba lo sustrajo de su hogar; un hombre que durante un año tejió una red de amistad bajo una fachada de camaradería.La madre de Juan Carlos, Gladys, recuerda cómo ese día su hijo ayudó con el almuerzo, disfrutó de unas lentejas, y cómo, sin decir palabra, se marchó con aquel supuesto amigo que le anunció que era hora de partir para un trabajo que les habían asignado.
Tres días después, la angustia invadió a la familia Aguirre Macías. Gladys, preocupada al notar la ausencia de Juan Carlos, intentó instaurar la denuncia por su desaparición, pero la ley le exigía esperar 72 horas. Finalmente, presentaron la denuncia el 22 de marzo de 2008.Así comenzó una búsqueda desesperada, una odisea nocturna de la madre a orillas del río Magdalena, explorando lugares inimaginables en la incansable búsqueda de su hijo.
Juan Carlos, conocido en la ciudad por su conexión con Hernando Ossa, dueño de la Óptica Tequendama en Bogotá, se dedicaba a traer marcos para gafas y fabricar lentes con fórmula médica. De eso sobrevivía para responder por sus cuatro hijos. Cuatro años después, un aviso en la emisora Hjdoblek revelaría la verdad que la familia Aguirre Macías temía: debían presentarse en la Fiscalía para reconocer el cuerpo de Juan Carlos. Sin embargo, lo que parecía un paso hacia el cierre, se convirtió en una pesadilla cuando les informaron que su hermano estaba en la justicia penal militar, catalogado como guerrillero, y que debían reclamar el cuerpo al Ministerio de Defensa.
No era guerrillero
Mauricio Aguirre, hermano de Juan Carlos, intensificó su lucha por limpiar el nombre de su hermano cuando trasladaron su caso a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Andrés Felipe Ramírez Gómez, hoy mayor del Ejército Nacional, reveló detalles escalofriantes: Juan Carlos fue víctima de una operación ilegal en la que la persona que le hizo inteligencia durante un año lo condujo a su ejecución en la vereda Potreritos, cerca del municipio de Íquira. La crueldad del acto se manifestó en los golpes y los disparos propinados por los militares.
La identificación del cuerpo como Juan Carlos Aguirre se logró mediante exámenes necrodactilares, pero la batalla por la verdad no terminó ahí. El 3 de julio de 2012, el cuerpo de Juan Carlos fue entregado. Lo habían tenido enterrado en el Cementerio Central de Neiva, en el Monumento 14, en la bóveda 200. Lo trasladaron al hospital, expidieron la partida de defunción y le devolvieron el nombre, ya que en el Monumento 14 figuraba como NN, un supuesto líder guerrillero.
Sin embargo, este capítulo parecía no ser el cierre del doloroso episodio. Ese mismo día, Mauricio dejó claro al administrador del cementerio que su hermano no podía ser movido de ese lugar, ya que la Justicia Penal Militar lo estaba investigando.
La verdad comenzaba a salir a la luz. Andrés Felipe Ramírez Gómez, quien en 2008 era comandante y subteniente de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR), fue uno de los implicados en el asesinato. Ramírez Gómez reveló que la persona que había hecho inteligencia durante un año a Juan Carlos lo sacó de su casa, lo llevó a la vereda Potreritos cerca del municipio de Íquira, lo revisaron, lo golpearon y finalmente, él mismo le disparó. Los otros tres militares vinculados al caso son James Horacio Garnica Muñoz, Luis Esper Charry Solano y Wilfredo Villamizar Bautista, también le dispararon a sangre fría.
El proceso de la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documenta que entre 2005 y 2008, el Ejército llevó a cabo 109 operaciones ilegales en Huila, asesinando a 200 personas para presentarlas como ‘falsos positivos’. Mauricio, sin embargo, no confía en las penas restauradoras que impondrá la JEP y se cuestiona quién asumirá la responsabilidad por los daños causados a su familia durante estos años.
Pero la historia no termina aquí. El Cementerio Central de Neiva, especialmente el Monumento 14, se convierte en un escenario de confusión y desorden. La JEP emitió medidas cautelares sobre este lugar, reconociendo la complejidad del proceso de identificación de las víctimas del conflicto inhumadas como NN. La intervención planificada para el próximo año ofrece una tenue luz en medio de la oscuridad que rodea este camposanto.
El desorden en el Cementerio Central de Neiva se manifiesta claramente en la experiencia de la familia Aguirre Macías. Después de depositar el cuerpo de Juan Carlos en la bóveda 764 regresaron cinco años después para descubrir que el Obispo Froilán Casas permitió el traslado sin notificarles. La incertidumbre persiste, y la familia busca respuestas sobre el paradero actual de Juan Carlos.
“Mi hermano es la única víctima identificada del Monumento 14, pero por la desidia del Obispo, esta nuevamente desaparecido”, explicó Mauricio Aguirre.
La lucha de Mauricio Aguirre Macías no se detiene. Exige respuestas sobre la posible tortura infligida a su hermano, la identificación del responsable que lo llevó a la emboscada, la revelación de las ganancias militares asociadas al asesinato y la retirada de pensiones que considera manchadas con la sangre de su hermano. Además, busca que los medios rectifiquen la imagen de Juan Carlos, liberándolo del estigma de guerrillero.
Según Andrea Jiménez, directora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, la entidad ha estado documentando hechos de violación de derechos humanos desde el año 2007. Son más de 15 años de arduo trabajo en los cuales hemos contribuido significativamente a descubrir la verdad.
En el año 2012, la familia de Juan Carlos Aguirre Macías logró obtener información sobre su paradero. Este acontecimiento permitió exponer las prácticas de desaparición llevadas a cabo por militares en esa época, con el objetivo de ocultar la identidad de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Después de que la familia lo localizara, reconocieron el cuerpo y lo sepultaron en una bóveda del Cementerio Central de Neiva. Sin embargo, alguien lo extrajo de la misma y nuevamente lo hizo desaparecer.
En respuesta a estos hechos, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos conoció un Auto que establece algunas responsabilidades que la parroquia La Inmaculada, como entidad administrativa del cementerio, así como la alcaldía de Neiva, deben asumir.Se establecieron plazos para proporcionar respuestas no solo a los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también para satisfacer las necesidades de la familia de Juan Carlos Aguirre, garantizando así su derecho a la dignidad, igualdad y evitando procesos de revictimización.
«Es fundamental resaltar y dignificar la lucha de la familia por descubrir la verdad sobre la muerte de Juan Carlos. La JEP acaba de confirmar en un Auto la no vinculación de Juan Carlos como guerrillero, estableciendo la responsabilidad de los militares. Este caso se convierte en un ejemplo ilustrativo para la JEP sobre las prácticas macrocriminales del Ejército en el Departamento», señaló Jiménez.
La historia de Juan Carlos Aguirre Macías nos recuerda la necesidad de persistir en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluso cuando las instituciones presentan fallas. Mientras la familia Aguirre Macías sigue su travesía, el Huila carga consigo un pasado oscuro que necesita ser confrontado y redimido. En esta lucha por la verdad, la esperanza persiste, frágil pero desafiante, como una llama titilante en la penumbra de la memoria.
