El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido tras el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, denunció el asesinato de dos excombatientes de la antigua guerrilla, y con ellos ya son 249 los homicidios contra excombatientes desde el desarme de la guerrilla.
Según esta colectividad, se trata de de Manuel Alonso de 55 años, quien fue asesinado en el municipio de Miranda, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste).
El partido Farc aseguró en un comunicado que él «dirigía con otros reincorporados y líderes sociales una empresa de fabricación y estampado de camisetas, conocida como «La Leyenda» en la ciudad de Cali».
En sus últimos días, también se dedicaba al apoyo de causas sociales y comunitarias de líderes campesinos e indígenas del norte del Cauca y sur del Valle, coadyudándoles en la gestión de sus proyectos.
También Farc denunció el asesinato de Rosa Mendoza (Karen Palmera), indígena de 25 años, firmante de la paz y socia fundadora de ASOVISBOL Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar, que fue víctima de la masacre en la quebrada Honda, Montecristo, Bolívar.
Estos crímenes «se suman a la ya larga lista de excombatientes que dejaron sus armas después del proceso de paz y que han sido asesinados a lo largo y ancho del país», advierte la antigua guerrrilla.
Sobre estos crímenes, el Gobierno colombiano aseguró el pasado 25 de noviembre que ha actuado «con diligencia» para proteger a los exguerrilleros de las Farc que dejaron las armas en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a altos funcionarios y al partido sobre la violencia contra los firmantes.
En esa diligencia judicial la Farc insistió en que hay un «genocidio» contra sus militantes y acusó al Gobierno del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener «el desangre» que los afecta.
Por su parte, la vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, puntualizó que la Fiscalía a corte de 11 de noviembre tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectación, bien sea por homicidios, tentativa de homicidios o desaparición forzada.
En esa ocasión el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, advirtió que «si se mantiene la tendencia, en diciembre de 2024 habrán asesinados 1.600 excombatientes de las Farc».
En julio pasado, la JEP ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exmiembros de las Farc.
A finales de octubre, excombatientes de todas las regiones del país comenzaron una peregrinación a Bogotá «Por la paz y por la vida», en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.
