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El pasado 25 de marzo, el país cumplió un año, desde que el presidente Iván Duque decretó la primera cuarentena cómo método de contención de la pandemia de Covid-19 que cambió el mundo. Con otros nombres y algunas variaciones el confinamiento fue prorrogado por 138 días más.
Tiempo en el cual el país entró en una difícil situación económica con una avalancha de comerciantes que se declararon en quiebra, negocios cerrados e inmuebles con llamativos letreros de se vende o arrienda. Los colegios privados, los jardines infantiles y las universidades, con limitaciones y restricciones han regresado paulatinamente a las aulas.
Sin embargo, el Congreso no ha retornado a sesiones presenciales, en medio de críticas, pues en los momentos más cruciales en la historia reciente parece hacerle el quite a los temas y debates importantes. Pero lo que sí avanzó sin ningún obstáculo fue la contratación en el Senado. En el 2020 la dirección administrativa del Senado firmó 984 contratos, de los cuales una parte fueron con personas jurídicas.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó la contratación celebrada durante el año 2020 por el Senado de la República y se encontraron varias particularidades en la asignación de millonarias partidas presupuestales, en un periodo caracterizado por la virtualidad.
El primero, el 040 con un valor de $307 millones por 157 días. El segundo, el número 297 por $159 millones y para ejecutar en dos meses. Un tercero, el 321, por $91.2 millones por 45 días. Y uno más, el contrato 487 por $175 millones con una duración de cuatro meses. En el año de la pandemia esta empresa obtuvo contratos en el Senado por más de $732.2 millones.
También se firmó un contrato con la empresa Centro de Servicios y Tecnología CST SAS por $211 millones por cinco meses para apoyar al personal de la oficina de información y prensa en el proceso de operación de la sala de prensa del Senado.
También se contrató la actualización de un sistema de información denominado Kactus por $93.3 millones con un término de ejecución de tres meses. Y para actividades de bienestar dirigidas a los funcionarios del Senado se contrató a la Caja de Compensacion Familiar, Cafam.
Contrataciones que la dirección administrativa defiende, pero qué tal vez algunas no fueron necesarias en un año de salud pública que abrió un hueco en las finanzas de los colombianos y del país, y que es la justificación del gobierno nacional para tramitar su tercera reforma tributaria.
