La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación contra seis generales en retiro del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
Según la información recopilada, estos oficiales habrían estado involucrados en un plan para aumentar las llamadas «bajas en combate» en las regiones de La Guajira, Cesar y Magdalena, presentando como muertas en enfrentamientos a personas que no tenían ninguna relación con organizaciones delincuenciales.
Las pesquisas están a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes han recopilado elementos de prueba que apuntan a que los generales, mientras estuvieron al mando de diferentes unidades en el norte del país, habrían promovido un «plan de estímulos» para incentivar el aumento de las «bajas en combate». A cambio de presentar resultados en términos de muertes reportadas, se ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones a los militares.
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Entre 2004 y 2008, se registraron los primeros casos que involucran a grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y Segunda Brigada del Ejército Nacional, con jurisdicción en Cesar y La Guajira. Según los elementos de prueba, cinco de los altos oficiales investigados habrían ejercido presión sobre sus subalternos para que solo se consideraran válidas las «bajas en combate». Como resultado, se presentaron como muertos en enfrentamientos a campesinos, indígenas y residentes de barrios marginales.
Las víctimas, en la mayoría de los casos, fueron engañadas con falsas ofertas de empleo, trasladadas a lugares apartados y despoblados, entregadas a los uniformados y ejecutadas con disparos de fusil a corta distancia, en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado. Sin embargo, en los informes oficiales fueron registradas como integrantes de estructuras delincuenciales que habían atacado a las fuerzas del Ejército Nacional.
En consecuencia, los siguientes oficiales en retiro serán citados a declarar como posibles responsables del delito de homicidio en persona protegida:
Brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, cuando se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional, y que resultaron en 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, por eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, cuando comandaba la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional, y que involucraron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira). Este caso se le atribuye al Batallón de Caballería Mecanizado N°2, cuyo comandante era el hoy investigado.
Brigadier general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como ‘bajas en combate’. En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa.
Brigadier general (r) Luis Felipe Paredes Cadena por un evento de ejecución extrajudicial que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006. Para la fecha el oficial estaba a cargo de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
