La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una indagación formal debido a 36 bloqueos totales de vías públicas registrados en Bogotá, así como en corredores viales clave de la región del Magdalena Medio y en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta.
Los bloqueos se produjeron en el marco del paro promovido por el gremio de transportadores del país.
La decisión de abrir esta investigación responde a los riesgos que estos bloqueos representan para la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos, así como para las poblaciones que habitan en las áreas afectadas y dependen de las vías ahora obstruidas para su tránsito diario.
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En su comunicado, la Fiscalía subrayó su reconocimiento del derecho constitucional a la protesta pacífica, instando a los organizadores y participantes a respetar tanto las normativas legales como los derechos fundamentales de quienes no están involucrados en las manifestaciones. Estos derechos incluyen la integridad física, la vida, la salud y la libertad de movimiento.
La entidad también dejó claro que, si bien el derecho a protestar está garantizado, no se permite la obstrucción o bloqueo de vías que puedan poner en peligro a la población. En este sentido, la Fiscalía advirtió que actuará conforme a sus competencias legales y constitucionales en aquellos casos donde las manifestaciones sociales dejen de ser pacíficas y pasen a configurarse como actos delictivos.
Este anuncio se da en medio de una creciente tensión en varias regiones del país, donde los bloqueos viales han afectado significativamente el flujo de bienes y personas, generando preocupación por el posible desabastecimiento y otros problemas de orden público.
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