En una directiva fueron detallados los parámetros para actuar y dar con los determinadores y mayores responsables de distintas prácticas, desde la inscripción irregular de cédulas, hasta la financiación ilícita de campañas, entre otras.
Con itinerancia, mayor presencia en los territorios, priorización y asociación de casos; y un permanente análisis de contexto sobre las situaciones particulares que se presentan en cada región, entre otras múltiples actividades, la Fiscalía General de la Nación enfrentará a las personas y organizaciones criminales que buscan sacar provecho propio o atentar contra la libertad democrática de la ciudadanía en las elecciones de 2022.
Con la expedición de la Directiva 0002, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en la etapas preelectoral, electoral y postelectoral. “Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el Fiscal General al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.
Los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.
