La Fiscalía General, ha anunciado la resolución de varios casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los últimos cuatro años.
La estrategia implementada durante el mandato del Fiscal Barbosa se centró en la descongestión de casos para avanzar en el esclarecimiento de magnicidios y otras acciones violentas que amenazaban con quedar impunes. Entre los casos resueltos se encuentran los homicidios de la ambientalista Juana Perea, el líder universitario Lucas Villa, la psicóloga Adriana Pinzón, y el estudiante de derecho Javier Ordoñez, entre otros.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos llevó a cabo 1.711 imputaciones, obtuvo 354 condenas y suscribió 521 preacuerdos. Se destacan esclarecimientos como el asesinato de Juana Perea en Nuquí, el crimen de Javier Ordoñez en Bogotá, el homicidio y desaparición de Adriana Pinzón en Zipaquirá, y la muerte de Lucas Villa en Pereira.
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Además, se avanzó en la judicialización de miembros de la fuerza pública por excesos durante protestas en Cali y se solicitó audiencia de imputación contra 25 integrantes del Ejército Nacional por hechos en Puerto Leguízamo, Putumayo.
En un esfuerzo por combatir nuevas expresiones criminales, el Fiscal General dispuso la creación de grupos especializados para investigar el tráfico de migrantes, la trata de personas y las amenazas. En el tráfico de migrantes, 11 estructuras criminales fueron impactadas, con 62 capturas y desarticulación de redes que operaban en rutas hacia Estados Unidos, México, Australia y Canadá.
En la trata de personas, se afectaron 9 redes delincuenciales con 40 capturas, incluyendo casos de explotación sexual en Italia, Chile y Francia. Además, se lograron avances en la investigación de amenazas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, con la facilitación del esclarecimiento de 188 casos y la condena de Jesús Mario Corrales por amenazas de muerte.
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